La decisión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de incrementar el monto de los estímulos para los académicos de universidades particulares que sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) representa en los hechos la transferencia de recursos públicos al sector privado, coincidieron en afirmar Humberto Muñoz García e Imanol Ordorika Sacristán, especialistas en educación superior e integrantes de ese sistema.

Muñoz García, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que este dinero público beneficiará a las casas de estudio privadas, que son un negocio, ya que la mayoría de sus investigaciones tienen fines de lucro.

Si bien es cierto que el presupuesto para el sector científico creció este año, Muñoz García subrayó que esos recursos resultan insuficientes incluso para contrarrestar algunas precariedades que padece la buena investigación de las universidades públicas.

No estoy en contra de que las universidades privadas tengan un sistema de investigación, siempre y cuando eso no represente que se les destinen recursos públicos. Salvo en una excepción: hay instancias de gobierno que requieren producción de conocimiento especial que no hacen las universidades públicas, en ese caso, es bienvenido el concurso para el proyecto que atienda el problema.

Recordó que durante la administración de Vicente Fox hubo un intento de emprender una estrategia similar; sin embargo, éste fue rechazado por quienes formaban parte de las comisiones dictaminadoras del SNI.

En los pasados 14 años, los gobiernos han tratado de disminuir el espacio de lo público en todos los ámbitos, y éste (la decisión de Conacyt) es un intento más en esa línea, abundó.

Por su parte, Ordorika Sacristán, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo que la transferencia de recursos públicos a organizaciones de carácter privado, las cuales son casas de estudio con fines de lucro, es un tema complejo.

Con base en las cifras del Explorador de Datos del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas (elaborado por la UNAM), el investigador resaltó que las instituciones privadas sólo concentran a 3.6 por ciento de los más de 20 mil miembros del SNI.

Agregó que en 2012 las universidades particulares sólo produjeron 4.8 por ciento de los artículos científicos nacionales en revistas indexadas en ISI y 5.1 por ciento en las publicaciones Scopus. Además, de 1991 a la fecha esas casas de estudio sólo han obtenido 2.8 por ciento de las patentes otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.

Para cubrir el incremento a los estímulos de los académicos de esas instituciones, como propone la iniciativa, el Conacyt tendrá que erogar anualmente alrededor de 110 millones de pesos, cifra que no es exorbitante, pero que se podría destinar a becas para posgrado o a ampliar el número de científicos de universidades públicas en el SNI.

Ordorika detalló que la mayor parte de la producción científica en las universidades privadas se da en el área del derecho y las ciencias administrativas, con poco más de 10 por ciento de la producción nacional; en tanto que en ciencias exactas y de la salud, los porcentajes están por debajo de 5 y 2 puntos. Se debe hacer un análisis para saber si ésta es la mejor utilización de los recursos públicos, señaló.