Una vez recibida la documentación con los votos favorables de 18 congresos estatales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la validez de la reforma constitucional en materia de transparencia, que incluye la obligación de los partidos políticos y los sindicatos de ser sujetos de peticiones de información sobre el uso de los recursos que manejan.

En la presentación de sus posturas políticas, diputados y senadores de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) consideraron que en el siguiente paso, la aprobación de la legislación secundaria, se debe incluir un capítulo que fortalezca las medidas contra la corrupción.

Al respecto, el senador Zoé Robledo Aburto (PRD) resaltó que la reforma sobre transparencia no será eficiente si no existe una legislación anticorrupción y planteó que todos los actores políticos deben ejercerla como práctica y vocación, no como producto de un voluntarismo que ha llevado a fallas institucionales.

El vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía Bermeja, cuestionó que los mecanismos de transparencia quedarán acotados a la discrecionalidad del Ejecutivo federal, cuando éste considere que alguna resolución del órgano garante pueda afectar la seguridad nacional.

Refirió que la enmienda a la Constitución define que el consejero jurídico de la Presidencia de la República puede interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual lo convierte en censor, y esto representa un candado inadmisible, porque en el endurecimiento político que vive el país, en este clima de restauración autoritaria, cualquier tema puede ser argumentado como de seguridad nacional para negar la información.

La senadora Luisa María Calderón (PAN) afirmó que la reforma termina con un periodo de discrecionalidad en el manejo de la información, pero consideró que la legislación secundaria debe ir acompañada de iniciativas que terminen con la opacidad.

Por su parte, el senador Raúl Pozos Lanz (PRI) defendió la intervención de la Suprema Corte cuando, a solicitud del Ejecutivo, se interpongan controversias constitucionales respecto del acceso de información en poder del Banco de México y de todos los organismos autónomos.