na de las innovaciones en materia de corrupción que irrumpieron con fuerza en la primera década del nuevo siglo es el surgimiento de una nube de firmas especializadas en gestionar recursos federales para estados, municipios e instituciones de educación superior.

Se trata de empresas de confianza de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que cuentan con información privilegiada sobre la disponibilidad de recursos y las respectivas reglas y requisitos para su asignación, se ponen en contacto con autoridades desesperadas por obtener recursos frescos y sin escrúpulos para aceptar el compromiso de adquirir facturas falsas para justificar el desvío de parte de los recursos hacia las cuentas de tales empresas.

Diversas voces panistas, destacadamente el senador Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda, han acusado públicamente a un grupo de legisladores encabezados por el senador Gustavo Madero, también presidente nacional del PAN, y al coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, de haber montado un mecanismo para obtener su comisión o mochada en cada partida presupuestal etiquetada por ellos a diversos gobiernos e instituciones.

También se ha vuelto a publicar que ni las universidades públicas, como la Autónoma de Zacatecas, se han librado de esta plaga de gestores que trafican influencias. Es evidente que ya existe la información necesaria para iniciar las averiguaciones que conduzcan a castigar ejemplarmente a los involucrados en esta modalidad de tráfico de influencias, casi todos ellos servidores públicos. Lo único que falta es la voluntad política necesaria para proceder, como también es el caso de la compraventa de votos en la anterior legislatura del estado de Zacatecas. Lamentablemente lo que se ve es la total ausencia de dicha voluntad en el país y en las entidades de la República.

Ello ha quedado al desnudo en la situación de Michoacán, donde el pueblo decidió ejercer directamente su soberanía prescindiendo de quienes olvidaron que la obligación de los gobernantes es procurar el bienestar del pueblo.

¿Cuándo surgirán mecanismos de ejercicio directo de la soberanía para combatir y castigar la corrupción? Esperemos que las acciones en Michoacán sean inspiradoras para el resto del país y en especial para Zacatecas.