Las técnicas de reproducción asistida están al alcance sólo de quienes las pueden pagar, entre 60 mil y 100 mil pesos por ocasión en servicios privados y sobre los cuales no siempre se cuenta con la certeza de su profesionalismo, advirtió Gabriela García Soto, presidenta de Pronto Nacerán Nuestros Hijos (Pronanhi), organización civil que apoya a personas de escasos recursos.

Señaló que en los servicios públicos de salud la oferta de estas técnicas es limitada y tampoco cuentan con todas las opciones para ayudar a las mujeres a lograr un embarazo. Además, indicó, las instituciones aplican criterios que excluyen a muchas de ellas, como la edad de 35 años como límite para brindarles el servicio.

Por eso, sólo les queda la alternativa en el sector privado, donde existen alrededor de 50 establecimientos. En conferencia de prensa, García Soto, maestra en sicología, señaló que la falta de regulación en la materia se convierte en un problema grave que atenta contra el derecho a la igualdad y a la protección de la salud de las personas con problemas de infertilidad.

La infertilidad afecta a entre 15 y 20 por ciento de las personas en edad reproductiva, con el agravante de que 80 por ciento de las parejas obtienen un diagnóstico certero hasta cuatro años después de estar buscando el embarazo. García Soto subrayó la gravedad del problema porque para 99 por ciento de los casos existe un tratamiento que podría ser exitoso.

En los pasados seis años ha habido al menos 10 iniciativas entre reformas a la Ley General de Salud y propuestas para crear una ley específica sobre reproducción asistida. Las dos más recientes son de 2013 para cambiar la ley, una del PAN y otra del PRI, que nuevamente se diferencian por los aspectos religiosos que anteponen los legisladores del blanquiazul.

La iniciativa presentada en diciembre de 2013 por la diputada María de las Nieves García Fernández (PRI) plantea que la reproducción humana asistida tiene el objetivo de garantizar el derecho de las personas de procrear con técnicas y procedimientos médicos científicos.

Deja en la Secretaría de Salud la responsabilidad de garantizar que dichos servicios sean profesionales y garanticen la protección de la salud de los usuarios, así como la elaboración de una norma oficial mexicana específica.

Define a la infertilidad como un problema de salud pública y plantea la necesidad de legislar en la materia con base en los avances de la ciencia y respeto a los derechos humanos. Reconoce que la carencia de una regulación impide el ejercicio de derechos constitucionales como la libertad reproductiva y a la protección de la salud de las personas, así como el derecho a la no discriminación.

El proyecto de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo (PAN) de marzo de 2013 señala, entre otros, que las técnicas de reproducción asistida son un problema de salud pública por las irregularidades y abusos que dañan a las mujeres, las familias, incluyendo al nasciturus (el ser concebido pero no nacido)

Se refiere a la reproducción asistida como una industria a la que sólo deben acceder las parejas unidas en matrimonio o concubinato, las cuales deberán haber agotado los métodos naturales para procrear. Además, excluye la posibilidad de la donación de óvulos o espermatozoides, así como la maternidad subrogada.