La víspera de la fecha prevista para la ejecución del mexicano Édgar Tamayo Arias, en Dallas, Texas, continuaron las expresiones de diversos sectores que abogan porque las autoridades de esa entidad de Estados Unidos le otorguen el perdón.

Ayer, una corte de Texas rechazó emitir un aplazamiento de última hora para detener la ejecución del connacional, acusado en 1994 de asesinar a un policía en Houston.

Sus abogadas, Sandra Babcock y Maurie Levin, prometieron agotar las vías judiciales.

Euclides del Moral, director general adjunto de Protección de Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), resaltó que en los últimos 14 años el gobierno mexicano evitó la ejecución de 868 sentencias a muerte contra connacionales.

Tamayo Arias, originario de la comunidad de Miacatlán, Morelos, aún espera que prospere un recurso de último momento presentado por sus abogados. De lo contrario, recibirá la inyección letal a las 18 horas de hoy en la unidad carcelaria Walls, Hunstsville, Texas, 250 kilómetros al sureste de Dallas.

El mexicano, quien hoy recibirá la visita de su padre, fue sentenciado a la pena capital por el asesinato del policía Guy P. Gaddis, en Houston, el 31 de enero de 1994.

Mientras, en el mismo estado de Texas, la justicia local fijó para el 9 de abril la ejecución del también mexicano Ramiro Hernández. Un cable noticioso de Afp dio cuenta de la declaración de un vocero del Departamento de Justicia Criminal de Texas.

Hernández, proveniente de Tamaulipas y condenado a la pena capital en 1997 por el asesinato de un ranchero y reiteradas violaciones a su esposa, había sido incluido en el famoso Caso Avena por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En ese fallo, la CIJ pidió a Estados Unidos que permita la revisión de 51 casos de mexicanos condenados –entre ellos el de Tamayo Arias– sin que se les hubiera permitido contactar su consulado, en abierta violación de la normativa internacional vigente.

La agencia Reuters informó que el padre de Tamayo, el señor Héctor Tamayo, insistió en que su hijo es inocente, así como en que se realice un nuevo juicio. Subrayó que Édgar no mató al policía; nunca dijo que lo haya hecho.

En México, la fracción del PAN en el Senado calificó de tardía, tibia, timorata y endeble la actuación del gobierno federal en el caso de Tamayo. El senador Martín Orozco consideró que el presidente Enrique Peña Nieto debe exigir hasta el último momento a su similar de Estados Unidos el cumplimiento de la Convención de Viena para que respete la vida del migrante.

Señaló que en algunos casos de mexicanos presos en cárceles de Estados Unidos, las autoridades de ese país han llegado a aplicar los llamados juicios sumarios, mediante sentencias dictadas entre uno y cinco días, sin que un abogado defensor y nuestras autoridades consulares se enteraran, situación que calificó de sumamente grave.

En tanto, ayer se realizaron manifestaciones en el Distrito Federal y en Morelos. Diversas organizaciones sociales, entre ellas la Asociación Binacional Migrante, la Confederación de Clubes Morelenses en Estados Unidos y Migrantes de Aztlán estuvieron en la glorieta del Ángel de la Independencia para exigir a las autoridades de Texas que frenen la ejecución de Tamayo Arias.

La activista María García, presidenta de Migrantes de Aztlán, señaló que el propósito de la movilización fue dejar patente el rechazo de los colectivos a la pena capital y evitar la ejecución de Tamayo, pues ésta significaría un duro golpe para la familia del sentenciado.

En Morelos, cientos de personas y familiares de Édgar Tamayo Arias marcharon para demandar a la Junta de Perdones y Clemencia de Texas y al gobernador, Rick Perry, que otorguen el perdón al morelense, porque no contó con un debido proceso. No tuvo asistencia consular ni jurídica para defenderse, dijeron.