San Cristóbal de las Casas, Chis. 21 de enero.

Este miércoles se cumplen cinco días del retorno (temporal, según los indígenas desplazados) al ejido Puebla, municipio de Chenalhó, pero aún no existen condiciones de seguridad para volver definitivamente.

Las familias desplazadas abandonaron el poblado hace seis meses por agresiones y falsas acusaciones de las autoridades priístas del ejido. El viernes pasado, 14 de las 17 familias actualmente refugiadas en Acteal se dirigieron en caravana a recuperar sus parcelas y cosechar cafetales, precedidas por funcionarios estatales y federales que llegaron a reunirse con el grupo dominante del ejido, encabezado por el pastor evangélico y comisario Agustín Cruz Gómez.

En esa ocasión asistieron, escoltados por policías estatales, el secretario de Gobierno, Enrique Ramírez Aguilar, y los subsecretarios Mariano Díaz Ochoa (Operación Regional), Belisario Rodríguez (Pueblos y Cultura Indígenas) y Víctor Hugo Sánchez Zebadúa (Asuntos Religiosos), así como Francisco Yáñez, enviado federal, y el edil de Chenalhó, José Arias Vázquez. Se reunieron amistosamente con el comisario Cruz Gómez y otras autoridades del ejido responsables de la violencia, los desplazamientos y el despojo.

Llegaron con ellos 16 agentes del Ministerio Público (MP) y dos peritos especializados para recorrer las parcelas de los desplazados, que han reportado robos y destrucción. Iban bajo la coordinación de Rigoberto Jiménez Carrillo, subdirector de Control de Procesos de la Agencia Especializada en Asuntos Indígenas.

Posteriormente, la brigada de observación, que acompaña desde ese día a los desplazados, dio a conocer el testimonio de uno de ellos: Fuimos a mi parcela con el MP y ahí vimos montones de tierra. Antes, cuando estaba tranquilo, teníamos el acuerdo de que no se podía tirar tierra, porque hay plantas productivas. Pero cuando empieza el problema, ya no respetan mi derecho. El patronato de esta comunidad mandó al conductor de la máquina a tirar en mi terreno. Solamente ahí. Después, cuando llovió, la tierra tiró matas de naranja y guanábana. Ahí quedó, y ya no se puede sembrar nada. Entonces fuimos a la segunda parcela y encontramos ocho matas de café cortadas con machete. En la tercera parcela encontramos otras ocho matas tumbadas.

Un brigadista reporta que, efectivamente, hay daños en las parcelas y algunas casas. En cinco de ellas, corte de agua, y en las parcelas robo de leña y café. Los indígenas encontraron huellas de caballos y escuchamos a familias que han perdido completamente sus cosechas, como calabazas, y siembras alternas. Además, durante los seis meses de desplazamiento forzado no se ha podido limpiar las fincas del aromático. Los trabajos de recolección de café de los desplazados se espera que concluyan el próximo 27.

Por su parte, varias organizaciones indígenas expresaron su apoyo solidario a los hermanos desplazados del ejido Puebla y condenaron los desplazamientos forzados en Banavil, Tenejapa y el ejido Aurora Ermita, Pueblo Nuevo Solistahuacán. Exigimos a los gobiernos federal, estatal y municipales que den atención de fondo a los desplazamientos forzados en Chiapas y que todas las acciones se basen en los tratados internacionales, ya que las leyes estatales no protegen a los desplazados, sino únicamente están para maquillar la impunidad. Se trata del Movimiento del Bosque por la Defensa del Pueblo, Resistencia Civil Luz y Fuerza del Pueblo (adherente a la Sexta declaración de la selva Lacandona), Comité Particular Ejecutivo Agrario de Chiapas, ex presos de La Voz del Amate, Resistencia Civil Santo Tomás, desplazados de Banavil y Aurora Ermita, Frente Ricardo Flores Magón y LakLumal Ixim.