San Cristóbal de las Casas, Chis. 20 de enero.

Las autoridades municipales de Tila, emanadas de Partido Verde Ecologista de México (PVEM), iniciaron este lunes una encuesta, denominada consulta ciudadana, con la que de manera ilegal buscan convalidar el despojo del Casino de Pueblo y la construcción de un centro comercial en tierras ejidales, en el centro de la cabecera del municipio, donde los ejidatarios reclaman el reconocimiento de sus derechos de propiedad comunal.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro cuestionó la legalidad y legitimidad de dicha encuesta, que no cumple con los estándares mínimos, en particular tratándose de una localidad indígena.

La consulta y el consentimiento previo, libre e informado no se cumplen con dos preguntas insidiosas y de falsa pretensión de un desarrollo económico que implica cambios estructurales en la forma de vida de la comunidad. Debe ser realizada de buena fe, conforme a los procedimientos que utilizan las comunidades por conducto de sus estructuras organizativas, además de exhaustiva, y garantizar que la información llegue a los destinatarios mediante diversas formas de comunicación y en su propia lengua.

Más grave, considera el centro, “es que las autoridades justifiquen la consulta mediante un signatario anónimo (‘Ciudadanía de Tila, Chiapas’) que, en tanto acto de autoridad encubierto, de ninguna manera lo provee de legalidad; aunado a que se pretende realizar una encuesta para disponer de un inmueble que no pertenece al ayuntamiento, sino al ejido Tila”, en la zona norte del estado.

Los hechos se enmarcan en una acción de las autoridades, particularmente del ayuntamiento, de despojo sistemático sobre parte de la superficie e instalaciones que pertenecen al ejido, que defiende su territorio desde hace más de 50 años.

A pesar de fallos judiciales favorables, el ayuntamiento se niega a restituir la superficie y las edificaciones enajenadas, lo que ha llevado a que en la actualidad el litigio se encuentre ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cabe recordar que el pasado día 14 el ejido Tila, adherente a la Sexta declaración de la selva Lacandona, denunció los últimos intentos por consumar el despojo e interpuso un juicio de amparo, ya que el ayuntamiento presentó en diciembre la maqueta de un centro comercial sobre la superficie que actualmente ocupa el Casino del Pueblo, edificio que data de la década de los 30, en terrenos ejidales. Funcionaba como recinto de reunión de la asamblea del ejido y de sus autoridades. Hace 23 años fue ocupado por la policía municipal (Protección Civil), misma que aún lo administra como inmueble propio, siendo que histórica y legalmente le pertenece al ejido, explica el centro Pro.

El 14 de noviembre de 2001, un tribunal colegiado concedió al ejido un amparo (AR 223/2001) contra actos de diversas autoridades municipales que afectaron y derruyeron la antigua presidencia municipal y usurparon el Casino del Pueblo.

El despojo afecta los valores culturales y las formas de organización propias de la población chol y su relación con ese espacio, dado el significado que reviste el Casino del Pueblo como valor cultural y espacio de interacción comunitaria”, apunta la comunicación del centro Pro.

Ante todo, esas acciones pasan por alto que dicha superficie forma parte del ejido Tila y que es un territorio indígena que no puede ser afectado sin la autorización de la asamblea como máxima instancia de autoridad ejidal e indígena.