Con una reforma constitucional aún sin promulgar, sin tiempos precisos para contar con la ley secundaria y evidentes contradicciones en la designación de los integrantes del órgano colegiado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) corre el riesgo de enfrentar un vacío de comisionados en caso de que el Legislativo no actúe con el cuidado político y la diligencia técnica para hacer frente a los plazos de estos nombramientos, alertaron expertos en transparencia.

La integración del nueva entidad autónoma plantea una situación delicada, pues los costos de la impericia de los integrantes del Congreso pueden trasladarse a la legitimidad de la institución, advirtió el director ejecutivo de Fundar, Miguel Pulido.

Aunque ya se cuenta con 17 notificaciones de los congresos locales a la Cámara de Diputados –las suficientes para hacer la declaratoria de la reforma que da autonomía al Ifai, incrementa de cinco a siete los comisionados y hace obligatorio que partidos, sindicatos, fideicomisos, entre otros, abran su información–, aún no hay claridad sobre los tiempos en que el presidente Enrique Peña Nieto publicará el decreto.

Los estados que ya aprobaron esta reforma son, entre otros, estado de México, San Luis Potosí, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Chiapas, Aguascalientes, Coahuila, Campeche y Quintana Roo. Los que ya avalaron dicho cambio, pero aún no han notificado formalmente su voto son Tabasco y Sinaloa, de acuerdo con el más reciente estatus de aprobación de esta modificación constitucional registrado por la Cámara de Diputados.

El director de investigación de México Evalúa, Marco A. Fernández, destacó que si lo anterior fuera prioritario para el Ejecutivo y el Legislativo, con el mismo músculo con que se defendieron las reformas energética, educativa, laboral y fiscal, deberían estar sentadas las normas para la transparencia y rendición de cuentas. Entre ellas, la ley secundaria de dicho instituto.

Jacqueline Peschard, quien recién concluyó su periodo en el Ifai, advirtió que hoy día no hay claridad y sí es un problema los plazos del proceso de nombramiento de los integrantes del cuerpo colegiado, pues una vez que entre en vigor la reforma, los comisionados en funciones tendrán 10 días para pedir al Senado su ratificación y, durante ese lapso, esa cámara tendrá que contestar. Pero, por otro lado, la designación de los nuevos comisionados deberá estar en 90 días.

Miguel Pulido, director ejecutivo de la asociación civil Fundar, en imagen de mayo de 2010Foto Cristina Rodríguez

Entonces, cuestionó, ¿qué pasará si el Senado les dice a los comisionados actuales que todos se deben ir? Y si no se quedan, ¿quién atenderá?, ya que aún no estarán listas las otras ­designaciones.

Para el comisionado del instituto, Ángel Trinidad Zaldívar, más allá de las interpretaciones jurídicas, el Ifai no debe cerrar bajo ninguna circunstancia la persiana y debe seguir trabajando hasta que se integre de manera completa.

Subrayó la importancia de regresar el equilibrio necesario en dicha institución, pues ha sido público y notorio que los otros tres comisionados han cerrado algunos de los temas que él y Peschard lucharon por abrir.

Especialistas como Miguel Pulido alertaron que si la designación ocurre en medio de la polémica, resulta del conflicto o de un arreglo entre la clase política al cuarto para las 12, tendrá muy limitadas sus posibilidades de éxito. El que en un momento dado parezca que el instituto pueda quedarse vacío a causa de los tiempos definidos en los transitorios de la reforma es una contradicción, pero al mismo tiempo implica el desafío de la prudencia política y la diligencia técnica del legislador, añadió.

Una vía de solución para encarar esta problemática es que el Presidente utilice su facultad para presentar iniciativas preferentes, en términos de la ley secundaria, lo cual generará las condiciones para que el Congreso trabaje con otros tiempos y realice buenos nombramientos, un nuevo marco normativo y un buen funcionamiento del órgano autónomo, añadió.

Marco A. Fernández agregó: Tenemos una larga experiencia en cuanto a que estos cargos tienen tintes de cuotas partidistas y no son resultado de un interés por seleccionar a funcionarios capaces, con ética y conocedores del tema.

Advirtió que, si en la etapa de nombramiento de los comisionados persisten los vacíos legales, serán aprovechados para favorecer prácticas de opacidad.

Una reforma constitucional sólo tiene sentido hasta que cuenta con sus pilares que le dan sustento, pues sin ellos, quedará flotando en el aire o perdiendo su capacidad de transformación, resumió Miguel Pulido.