l tema de la inseguridad pública sigue en la agenda social de Morelos. El 6 de enero el gobernador Graco Ramírez destituyó de la Secretaría de Seguridad Pública a la niña de sus ojos: Alicia Vázquez Luna, mujer de su confianza desde hace años. Era insostenible. La violencia y la delincuencia no se han reducido y a veces más bien parecen fuera de control.

En su lugar fue designado Jesús Alberto Capella Ibarra, sólo que como encargado de despacho, pues no cumple el requisito constitucional de tres años de residencia para ser nombrado secretario de despacho. Este personaje fue presentado como una especie de salvador de la patria. Según informes del gobierno, el tijuanense fue sugerido por el gobierno federal.

Al nombrarlo encargado de despacho, Graco Ramírez anunció que se enviaría al Congreso local una iniciativa de reforma para adecuar la ley a las necesidades de Capella. Obviamente, esto generó reacciones de legisladores y partidos. El más reacio fue Acción Nacional. Su líder real, el ex candidato a la gubernatura Adrián Rivera Pérez, aseguró que el secretario no podía serlo, pues comenzaría su gestión violando la ley.

El Partido Revolucionario Institucional condicionó su apoyo a la garantía de que los ciudadanos efectivamente van a tener seguridad, mientras la izquierda llamó a los partidos de oposición a no minar el camino del gobierno en su lucha contra la delincuencia.

Una semana después de haberlo nombrado, el gobierno reculó y decidió que no va a quitar de la Constitución local el requisito de la residencia. Ahora ha anunciado que propondrá desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y aplicar el esquema federal, al constituir una comisión estatal de seguridad bajo la tutoría de la Secretaría de Gobierno. Con ello, Capella Ibarra sería elegible sin problema y ocuparía un cargo similar al de Manuel Mondragón y Kalb, con la jefatura de los cuerpos policiacos. Aunque no dejaría de ser una reforma a modo.