ño 2009. Durante la transición entre George W. Bush y Barack Obama en la Casa Blanca (enero-febrero de ese año), la fabricación mediática de México como Estado fallido incluyó la previsión de un colapso rápido y sorpresivo, lo que según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (USJFCOM, por sus siglas en inglés) no dejaba más opción que la intervención militar directa de Washington. En plena guerra a las drogas de Felipe Calderón, la posibilidad de un colapso repentino fue atribuida al accionar de grupos de la economía criminal y llevó a una acelerada militarización del país, con la injerencia directa en el territorio nacional de especialistas del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigación (FBI), la agencia antidrogas DEA, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, los del Operativo Rápido y Furioso), del Departamento de Seguridad Interior y de la Oficina sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI, que depende del Departamento del Tesoro), todos bajo la mampara de la Iniciativa Mérida.

En realidad, la falsa guerra a las drogas y la construcción de México como Estado fallido fueron parte de la coartada para la ocupación integral del país. La dominación de espectro completo ( full espectrum) abarca una política combinada donde lo militar, lo económico (incluidos los hidrocarburos), lo mediático y lo cultural (ergo, la educación) tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento; lo que implica manipular a una opinión pública legitimadora del modelo.

Desde esa óptica, los aparentes malos resultados de la guerra calderonista, con su estela de muertos y desaparecidos y el aumento de una violencia caótica de apariencia demencial, pudieron obedecer a una política de desestabilización y exterminio dirigida a debilitar aún más al país para propiciar una balcanización de México. En particular, el desmembramiento o la refuncionalización del territorio y sus recursos en los estados fronterizos del norte del país y los colindantes con el Golfo de México.

2010. En mayo, México y Estados Unidos emitieron la Declaración para la Administración de la Frontera en el siglo XXI. La franja fronteriza fue definida entonces como área clave de la llamada seguridad energética colectiva, lo que incluía la generación e interconexión de electricidad y la exploración y explotación segura y eficiente de hidrocarburos (petróleo, gas) y agua. A 16 años de la entrada en vigor del TLCAN, cinco de la ASPAN y tres del lanzamiento de la Iniciativa Mérida, no se entendía que siendo la seguridad energética colectiva la prioridad número uno de Washington, Tamaulipas reuniera las características de un Estado fallido y fuera denominado “territorio zeta”, en alusión al grupo criminal que habría iniciado sus andanzas como brazo armado del cártel del Golfo.

Rico en hidrocarburos, incluidos los yacimientos de gas natural y shale en las cuencas de Burgos, Tamaulipas limita además con Texas, estado petrolero por excelencia de EU, y con el Golfo de México, asiento de los hoyos de dona (el tesorito en aguas profundas de la propaganda privatizadora de Felipe Calderón) y considerado el mare nostrum de Estados Unidos. Un caso similar es Veracruz, estado considerado tierra santa por los traficantes de drogas, donde se incrementó la violencia durante las gubernaturas de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte.

2012. Junto con el Caribe, el istmo de Tehuantepec y el Canal de Panamá, el Golfo de México resulta vital en la planeación militar atlántica de Estados Unidos. En ese contexto, y dado que Tamaulipas, Veracruz y el Golfo son puntos sensibles de la seguridad nacional y energética de Washington, ¿entre 2009 y 2012 habremos asistido en esos estados a una violencia militar y paramilitar provocada, cuyo fin fue el desplazamiento forzado de población y una refuncionalización de la tierra y los recursos geoestratégicos a ser fagocitadas por empresas trasnacionales una vez modificada la Constitución?

¿Habría obedecido, antes, a esa misma estrategia, la escalada de violencia desestabilizadora y las políticas militares pacificadoras en Baja California y Chihuahua, y la que seguiría en Nuevo León y Coahuila, estados todos fronterizos con Estados Unidos? ¿Es la misma lógica violenta que se dibuja desde la llegada de Peña Nieto en dos estados ribereños del Pacífico: Michoacán y Guerrero, con la agitación del agua de la pecera −según la terminología de Mao− vía la confrontación entre policías comunitarias indígenas, grupos de autodefensa civiles, organizaciones criminales, policías y militares?

¿Tendrá que ver con la desestabilización encubierta y la recién aprobada contrarreforma energética, la llegada al país entre septiembre de 2011 y marzo de 2012 del embajador Earl Anthony Wayne y el agregado militar Colin J. Kilrain, ambos pesos pesados de la diplomacia de guerra de Washington, el primero procedente de Kabul, Afganistán, y experto en contrainsurgencia y en administrar a la llamada comunidad de inteligencia, y el segundo ex director del combate al terrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional (CNS) en Washington, hasta su nombramiento en México?

¿Habrá respondido a esa variable el abrupto cambio de discurso del presidente valiente (Calderón), quien poco antes de culminar su gestión pasó del lenguaje triunfalista de su propaganda de guerra sexenal (“vamos ganando al narco por goleada”) a la aceptación de que grupos criminales han conformado un Estado paralelo en algunas partes del territorio e imponen su ley y cobran cuotas? ¿La tácita admisión de México como Estado fallido fue la coartada perfecta para allanar el camino al entreguista Peña Nieto, cuya misión sería profundizar la injerencia directa de EU y abrir a las trasnacionales áreas vitales para la soberanía nacional?