l pasado 26 de diciembre, en España se publicó una más de las múltiples modificaciones que ha experimentado –desde el 27 de noviembre de 1997– la normatividad del mercado eléctrico. Han pasado 17 años y –todavía hoy– ha sido necesario atender no sólo las continuas y persistentes fallas del mercado
, sino los agudos problemas estructurales de una industria en la que siguen haciéndose esfuerzos –ahora en México también– por desterrar el concepto de servicio público.
Oficialmente se acepta que durante este tiempo se han producido cambios fundamentales en el sector eléctrico que han provocado la continua actuación del legislador y motivan la necesidad de dotar al sistema eléctrico de un nuevo marco normativo
. ¡Lamentable, profundamente lamentable!
En la Argentina de tan queridos compañeros –como el técnico electricista Cesar Altamira, hoy dedicado a estudiar no sólo el sistema eléctrico, sino la evolución contemporánea del pensamiento económico crítico y la situación social del Cono Sur (Véase, por ejemplo, Córdoba: entre la precarización laboral y la precarización existencial del 5 de diciembre del 2013, www.politicaycomun.com)– sí, en la querida Argentina la noción de servicio público sólo se ha conservado para el transporte y la distribución de electricidad. Pero éstas deben ser realizadas prioritariamente por personas jurídicas privadas, a las que el Poder Ejecutivo les haya otorgado las correspondientes concesiones. Sólo en caso de que no haya privados que ofrezcan –por cuenta de la Nación, dicen hoy en México– estos servicios deberán ser proporcionados por los entes o empresas dependientes del Estado (empresas productivas del Estado en el México de hoy).
En cambio, la generación está abandonada
a la competencia, como las empresas distribuidoras que comercializan la electricidad. Regresemos al caso español, el del ascenso de 70 por ciento del precio de electricidad desde 2005, por cierto, inferior al del mercado eléctrico de Chile, cuadruplicado de 1998 a la fecha. Y mencionemos sus actores y su carácter normativo.
Se reconocen ocho: productores (libres a la competencia), operadores del mercado (regulados por el Estado), operadores del sistema (regulados), transportistas (regulados), distribuidores (regulados), comercializadores (libres), consumidores (libres) y gestores de carga (libres). Sí, el nuevo mercado eléctrico español tiene ocho actores básicos, cuatro regulados y cuatro libres. Generadores libres para producir electricidad y venderla en el mercado mayorista en las famosas subastas o a grandes consumidores directamente. Incluso a agregadores
o gestores de demanda, libres para adquirir un bloque importante del fluido eléctrico en el mercado mayorista y revenderlo.
Consumidores también libres para seleccionar su comercializadora, entre muchas que también son libres para revender al consumidor el fluido adquirido en el mercado mayorista. ¿Qué es eso del mercado eléctrico, me dicen una y otra vez con fina ironía, dos de los técnicos en electricidad más respetados y queridos en México, impulsores desde los años sesenta de la maravilla
del Sistema Interconectado Nacional? ¡El reino de la libertad! ¡Incluso para especular!, aseguran. Pues en España ese reino de la libertad
ha exigido una y otra y otra y otra vez, modificaciones normativas para evitar –como en la exposición de motivos de la Ley 24/2013 se señala (www.boe.es)– ante todo y sobre todo, la profundización del déficit eléctrico.
Gran agujero, según la vicepresidenta de gobierno, que ya alcanzaba en julio los 26 mil millones de euros, con un déficit anual estructural de 10 mil millones más. Las cuentas señalan no menos de 30 mil millones de euros de déficit eléctrico a diciembre pasado, casi 40 mil millones de dólares, oficialmente originados en el crecimiento excesivo de determinadas partidas de costes por decisiones de política energética, sin que se garantizara su correlativo ingreso por parte del sistema
. Y es que desde tiempos de Aznar –el mismo que hoy se pasea por Boca de Río y vende la llamada agenda del Atlántico– se hizo demagogia fina con el precio de la electricidad, sujetándolo a los incrementos del Índice de Precios al Consumidor, de ordinario inferiores a los de los costos de producción. E insuficientes para solventar las primas de fomento a las renovables, la moratoria nuclear, el peaje especial para las grandes empresas y los impuestos.
Es altamente probable que con la nueva ley eléctrica española se titularice
la deuda y se renegocie en los mercados financieros. Pero esto implicará cargos a los consumidores, a los contribuyentes e, incluso, a las mismas compañías eléctricas, para sanear el mercado eléctrico español en los próximos 10, 15 o 20 años, según se pueda. Y esto sin considerar una elevación de costos en los próximos años.
Esta financiarización
hace pensar a los personeros del gobierno que esta ley –la del 26 de diciembre pasado– será definitiva. Y que no habrá necesidad de nuevos ordenamientos
. Pese a todo, aseguran, el nivel de seguridad y calidad del suministro es elevado, dado el nivel de inversiones en redes acometidas en años recientes y la existencia de una mezcla de fuentes de energía diversificada
.
Todavía más, insisten en que el proceso de liberalización se ha desarrollado bien. Incluso más rápido que lo exigido por las directivas europeas, permitiendo a los consumidores la capacidad de elección de suministrador. Y afirman que, finalmente, todo este proceso se ha enmarcado dentro de los principios de protección medioambiental de una sociedad moderna”. Pues mucho gusto. Y bienvenido el quinto, sexto o séptimo intento de organización del mercado eléctrico español. Ah...y también bienvenido el primer intento del mercado eléctrico de México, que hace un mes, en una vergonzosa madrugada se proclamó, y cuyos principios de operación se darán a conocer en las leyes secundarias que –según voces oficiales– en unos cuantos días más se entregarán al Senado, justamente el órgano donde las cosas fundamentales se redactan en las madrugadas. A las pruebas me remito…de veras.
NB. A César Altamira, querido amigo de Córdoba Argentina, que en sus trabajos nos enseña a analizar la generalización de la precariedad social en toda América Latina, y que incluye el abandono del Estado de los servicios públicos y su deterioro secular.
