yotitlán es una comunidad indígena nahua-otomí de Mesoamérica con más de 800 años de historia, que sobrevivió a la Conquista, la colonización y el mestizaje impulsados en la actual costa sur de Jalisco por sátrapas como Beltrán Nuño de Guzmán y Pedro de Alvarado, para no hablar del general Marcelino García Barragán (1895-1979). Prexiste a la conformación del actual Estado mexicano y, por ende, a Colima y Jalisco como entidades federativas.

En la Colonia, el rey de España le reconoció el carácter de República de Indios (1691), con soberanía sobre una superficie de 446 mil 742-45 hectáreas, en la que actualmente está enclavada la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM), con 139 mil 577-12 hectáreas, así como los ayuntamientos jaliscienses de El Grullo, La Resolana, La Huerta, Cihuatlán y Cuautitlán, y los colimenses de Minatitlán, Comala, Villa de Álvarez y Manzanillo, de exuberantes playas y centros turísticos, productos del despojo sistemático de las tierras y recursos naturales de los nahuas de Ayotitlán, hoy arrinconados a un ejido mínimo de 36 mil 700 hectáreas. El río Marabasco, o de Cihuatlán, constituye actualmente el límite natural entre Jalisco y Colima como entidades de la Federación. El río nace en las montañas de Ayotitlán, hoy parte de Cuautitlán, Jalisco, su cuna. La cabecera del río es la sierra de Manantlán, agotada por la avaricia de grandes madereros y aserraderos (1940-87), y actualmente por la minería de hierro (1969-2014) a cielo abierto.

Un decreto presidencial de marzo de 1987 creó la RBSM, la más importante del occidente y relativamente exitosa en términos de conservación. En 1982 los indígenas tomaron e incendiaron el aserradero de Manantlán, hartos de la explotación sin beneficio de sus florestas, entre las que destaca el teocintle ( Zea Diploperennis), maíz antiquísimo del que surgió el que actualmente consumimos (sin transgénicos).

El conflicto minero y maderero llegó a Ayotitlán en la Semana Santa de 1920, cuando caciques colimenses masacraron a siete nahuas de Ayotitlán y Telcruz en el predio de Timbillos, por negarse a abandonar las tierras recibidas de sus antepasados. Fue así como nació el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, SA (CMBJPC), empresa paraestatal privatizada por el presidente Carlos Salinas en 1991, que pese a estar al margen norte del Marabasco, y por tanto en Jalisco, se ha venido a considerar como colimense, usurpando el territorio nahua de Ayotitlán mediante simulaciones y fraudes.

Las autoridades ambientales, como la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (CNA), consideran que el deterioro generado por la minería con explosivos y dispendios de agua del río, utilizada para el transporte del mineral a través de dos ferroductos de 46 kilómetros, hasta la peletizadora Tapeixtles (Manzanillo), es natural y no inducido. Así tienen 43 años de disculpar a la empresa minera, filial de las trasnacionales Ternium (ítalo argentina) y ArcelorMittal (hindú).

En las tierras de Ayotitlán, que el investigador colimense Francisco Chamery Méndez confunde con las de Cuautitlán, existe 55 por ciento de las reservas probadas de hierro del país. Dar a conocer esto le costó ser secuestrado, torturado y morir en oscuras circunstancias en diciembre de 2007. Sin embargo, 16 pequeños poblados y ranchos nahuas subsisten en la pobreza, junto a las instalaciones y yacimientos mineros del productor de hierro que satisface desde 1975 la industria siderúrgica nacional.

Se trata de Las Pesadas, La Astilla, Cortapico, Cerro Prieto, Chanquiahuitl, San Antonio, Changavilán, El Platanar, Plan de Méndez, La Piedra, El Pedregal, El Mameyito, Las Parotas, Coconal y El Naranjal. En tales poblados sobreviven en resistencia unas 2 mil 850 personas, en su mayoría nahuas de Ayotitlán. Para que el gobierno de Jalisco demandara al de Colima ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre de 1997, primero tuvo que requerirlo la CNDH a través de la recomendación 122/95 sobre el Caso de los pobladores del ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, que documentó graves violaciones a derechos humanos por parte de ambas autoridades estatales, en contra de decenas de ejidatarios y comuneros de Ayotitlán.

Señaló además como causante de la violencia interna a la Secretaría de la Reforma Agraria, por la no entrega a los indígenas de una dotación ejidal de agosto de 1963, que reconoció la posesión de una superficie de 50 mil 332-50 hectáreas, de las cuales siguen aún sin entregarse 15 mil 632-50, incluida la superficie del fundo minero en tierras ejidales. Para explotar el yacimiento del cerro de Los Juanes, hoy Peña Colorada, la Federación expropia bien, pero indemniza mal. No esclarece los probables homicidios, relega a Ayotitlán e ignora a las víctimas de Timbillos. Así surge lo que hoy es una tierra de nadie, que activistas de la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) y del Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco (Fremmar), consideran como zona de “ apartheid a la mexicana”, pues prevalecen en su seno la segregación racial, el ecocidio, el etnocidio y la discriminación. Y desde luego no imparte justicia en la solución de la controversia de límites territoriales entre Colima y Jalisco, que hasta la fecha han propiciado y encubierto las violaciones a los derechos humanos en los municipios jaliscienses de Ayotitlán y Cihuatlán.