Ixi’im wíinko’on: somos de maíz*

FOTO: Archivo de Proyectos

Ella F. Quintal Proyecto Etnografía, INAH

Papá tomó atole pensando en mí
Mamá tomó atole y luego yo nací
No, no es cuento, soy hecho de maíz
No, no es cuento, yo soy hecho de maíz

La cultura maya, como otras de los pueblos originarios de México, ha encontrado por siglos, base y sustento en la producción de maíz por medio del sistema tradicional de roza-tumba-quema o milpa. Los mayas peninsulares denominan kool a la milpa en la que siembran maíz y otros cultivos asociados e intercalados.

Puede afirmarse, a partir de lo que dicen los especialistas (Terán y Rasmussen, La milpa de los mayas, Gobierno del Estado, Mérida, 1994; Hernández X y asociados, La milpa en Yucatán, Colegio de Postgraduados, México, 1995, dos tomos; entre otros), que la milpa maya constituye un verdadero aporte de este pueblo a la cultura universal. Saberes y conocimientos profundos de las relaciones entre la vida de las plantas, las características del terreno y de las tierras, de los vientos, de las lluvias y del comportamiento animal, han permitido ayer y hoy la reproducción física y cultural de las comunidades mayas.

Dadas las características sui generis de la fisiografía peninsular, “una tierra la de menos tierra”, como la llamara Fray Diego de Landa (Relación de las cosas de Yucatán, Porrúa, México, 1966), resulta sorprendente la genialidad de la sociedad que logró esta relación inteligente con su medio.

Si para algunos investigadores, la milpa es “un verdadero sistema productivo, porque articula múltiples actividades productivas, la organización familiar y comunal y la cultura” (Terán y Rasmussen, 1994, cursivas de los autores), habría también que considerar que en términos antropológicos, al hablar de milpa, nos estamos refiriendo a un aspecto clave de la(s) culturas(a) de las comunidades y localidades mayas de nuestros días. En los llamados pueblos mayas peninsulares, los campesinos conservan y transforman sus culturas, en las que la milpa, kool, sigue siendo, a pesar de los embates de las sucesivas expansiones de la frontera del capital y la constante amenaza de despojo de los territorios comunales y colectivos, una institución clave y un hecho social total.

Porque la milpa no es sólo un sistema agroproductivo. Es un conjunto de relaciones sociales, a nivel familiar, comunal y regional; pero también es el complejo de relaciones que entablan los campesinos con los demás entes y seres animales, vegetales, fuentes de agua, cerros, cuevas, vientos y astros. La milpa supone además prácticas y hábitos, mitos, cuentos, conversaciones, religión y ritual. La milpa implica sistemas normativos y de parentesco, formas propias de impartir justicia y de prevenir y resolver conflictos. Es motivo de ofrendas, de alegrías compartidas y a veces (quizá cada vez más frecuentemente) de angustia comunitaria. Es trabajo humano pero también regalo divino (Quintal y otros, “U lu’umil máaya wíiniko’ob: la tierra de los mayas” en: Barabas, Alicia (coord.). Diálogos con el territorio (tomo II), INAH, México, 2003, pp. 275-359).

La milpa es cultura, porque el pueblo maya no esferiza las diversas dimensiones de su forma de vida.
Y, aunque no existen culturas estáticas, sí preocupan, por un lado, la celeridad de los cambios que la globalización capitalista ha traído a la península por medio del turismo, de la agroindustria, de la ganadería, de la especulación inmobiliaria y de los medios masivos de comunicación, y por otro lado, los efectos occidentalizantes de la escuela. Jefes de familia que migran de manera permanente, temporal o cotidiana a las zonas urbanas de la región, abandonan la actividad milpera.

Sin embargo, comunidades, localidades y organizaciones indígenas, junto con instituciones y organizaciones no gubernamentales, luchan desde hace ya más de una década por la conservación de sus semillas nativas. Las Ferias de las Semillas, en la península de Yucatán, constituyen no sólo acontecimientos que busca la conservación de la actividad agrícola tradicional, sino también la actualización de las culturas mayas en general (http://vimeo.com/66801506).

Animan a esta lucha, nos parece, un profundo y silencioso sentimiento de que si hay milpa no hay hambre, el apego al sabor de los alimentos hechos con el maíz “criollo” y la convicción de que los dueños del monte y las almas de los abuelos difuntos reciben con especial agrado los platillos elaborados con el maíz nuevo de las milpas.

*El nombre del texto se retoma del video de Llanes-Ortiz, Ixi’im Wíinko’on (http://vimeo.com/66801506). El epígrafe es parte de una canción que aparece en el video y que escuché en varias ocasiones durante los trabajos de Táan u xulsaj k-kuxtal (Están acabando nuestra vida), Pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Maní, Yucatán, 9 y 10 de noviembre de 2013.

Oaxaca

Pago por Servicios Ambientales
sobre el patrimonio biocultural

Ana Isabel Zavaleta Ortega ENAH / Cubículo Pavel González

En julio de 2013, unas diez comunidades del estado de Oaxaca firmaron convenios con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para recibir pago por los servicios ambientales que prestan sus recursos naturales, en específico por captación de agua, captura de carbono y conservación de la biodiversidad.

Las comunidades aceptadas en el programa deben cumplir con ciertas obligaciones, como no deforestar las áreas inscritas, evitar el cambio de uso de suelo y hacer trabajos de restauración y reforestación, así como generar talleres de educación ambiental entre los miembros de las comunidades.

FOTO: Archivo

En su modalidad de pago por servicios ambientales, el Programa Nacional Forestal (Pronafor) suma alrededor de una década de existencia y se presenta oficialmente como una propuesta de apoyo a las comunidades para el cuidado de sus recursos naturales, mediante la implementación de proyectos dirigidos al manejo forestal sustentable y la gestión territorial. Como es sabido, diversas organizaciones han manifestado que en la práctica el programa promueve únicamente la conservación y puede provocar inactividad y dependencia de parte de las comunidades, con el riesgo de caer en dinámicas asistenciales.

Es importante tener presente que el pago por servicios ambientales está enmarcado en una visión en que los pueblos que conviven directamente con la naturaleza son considerados propietarios que ayudan a proveer servicios elementales para la vida, mientras que las personas y empresas que utilizan los servicios son vistos como usuarios que deben retribuir por lo que se les otorga. Estos programas no toman en cuenta las diversas territorialidades que configuran las comunidades o ejidos y soslayan el anclaje de la diversidad cultural a la biodiversidad.

No obstante, aunque esta concepción pueda parecer contraria a las comunitarias, es importante considerar las razones que tienen los actores locales para solicitar estos recursos. Para algunos puede representar una opción viable de financiamiento dirigido a diversas actividades de protección y restauración de su patrimonio natural, mientras que para otros es la oportunidad de recibir un apoyo monetario, necesario por la situación precaria en que viven muchas comunidades ante la crisis económica del campo.

FOTO: Archivo

La comunidad de San Pedro Yolox, de la Chinantla Baja, fue el año pasado una de las elegidas como beneficiarias del Pronafor para recibir pago por servicios ambientales. Los comuneros de Yolox comentan que decidieron solicitarlo para poder realizar actividades en torno al bosque que les permitan generar empleos para los jóvenes, quienes usualmente se ven forzados a migrar ante la falta de alternativas económicas. Yolox cuenta con una amplia experiencia en cuanto a la gestión forestal, han implementado proyectos de reforestación y realizan actividades de aprovechamiento en un predio que pertenece al régimen de bienes comunales. Desde hace muchos años generan normas y acuerdos relacionados con el cuidado del bosque, existe una brigada forestal que pertenece al comisariado de bienes comunales, asignan áreas para la extracción de recursos para uso doméstico y penalizan a quienes no acatan las decisiones de la asamblea. La relación de esta comunidad chinanteca con su bosque va mucho más allá del Pronafor y sus condicionamientos; remite a cientos de años de historia compartida, a prácticas productivas, conocimientos tradicionales y representaciones simbólicas.

Otra experiencia es la del Comité Regional de Recursos Naturales de la Chinantla Alta (Corenchi), una organización conformada por comunidades de la región que trabajan conjuntamente con asociaciones civiles en la protección y conservación de sus recursos naturales. Desde sus comienzos optó por solicitar el pago por servicios ambientales hidrológicos para las comunidades y ejidos que la integran. Las comunidades que pertenecen al Corenchi que fueron seleccionadas para el programa decidieron administrar una parte de los recursos asignados de manera conjunta, generando una nueva dinámica organizativa que no está contemplada en el programa. Sólo el tiempo y las mismas comunidades podrán decir qué beneficios o perjuicios traen estos programas, si promueven la organización local o la desarticulan, y si son compatibles o no con proyectos comunitarios de aprovechamiento forestal y gestión propia del territorio.

Oaxaca

Continúan las amenazas, continúa la lucha:
¡Sí a la Vida, no a la mina!

Madai García González ENAH / Cubículo Pavel González

Habitantes de Tetipac decidieron en asamblea general expulsar a la compañía minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation FOTO: Noala mina.org

A 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a 22 de la reforma al Artículo 27 constitucional y la Ley Minera, es evidente que el papel de los gobiernos en México, y en la mayoría de las naciones de América Latina, es administrar todo aquello que sea de interés para los grandes capitales.

Esto significa que en nuestro país los malos gobiernos se dedican a firmar y reformar tratados y leyes para facilitar el despojo por parte de las empresas privadas; mercantilizan la tierra y la naturaleza; privatizan derechos sociales, destruyen la propiedad colectiva y niegan conocimientos y prácticas que resultan inconvenientes para el modelo económico imperante.

Esto lo saben muy bien miles de comunidades indígenas y campesinas que hoy se enfrentan a un sistema económico que vive del despojo y la destrucción. Desde la década de los 90’s América Latina se ha convertido en el principal destino de las empresas mineras de todo el mundo. A poco más de dos décadas, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ya ha registrado 187 conflictos graves por minería, de los cuales 25 están en México, y es el estado de Oaxaca el que encabeza la lista con cuatro. Pero los conflictos son más y van en aumento, ya que las empresas siguen llegando y la oposición a ellas también.

Integrantes de la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca afirman: “Estos proyectos realmente responden a las necesidades del mercado internacional y la economía nacional, pero no a las necesidades de nuestras comunidades. Nuestras necesidades no son megaproyectos, sino trabajo digno, servicios de salud y educación, y no miramos que sean resueltas con los megaproyectos, sino que al contrario, los proyectos han significado la creación de conflictos al interior de nuestras comunidades”.

De 2006 a 2010, el valor de producción de oro en Oaxaca aumentó 16 veces, dobló el de producción de plata. Asimismo, entre 2002 y 2011 se entregaron 344 títulos de concesiones mineras, que abarcan 7.78 por ciento de la superficie del estado. El gobernador Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) de la coalición PAN, PRD y PT ha recibido con brazos abiertos a estas empresas, y ha movilizado elementos de seguridad pública para su defensa, además de que ha implementado proyectos carreteros (como el Proyecto Platino, que incluye otros 13 proyectos de alto impacto) que atraviesan puntos estratégicos para dicha industria.

La minería, ya sea subterránea o a cielo abierto, es destructiva. A donde llega genera daños ambientales y transformaciones prácticamente irreversibles en los territorios en que se inserta. Los movimientos que se posicionan en contra de la instalación de minas no buscan apropiarse del oro ni de la plata, se manifiestan en contra de todas las repercusiones que la práctica minera trae consigo. En voz de representantes del Comité por la Defensa y la Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac: “No queremos la minería porque van a contaminar nuestro entorno y tampoco la queremos porque Plata Real está dividiendo al pueblo, ha corrompido a nuestras autoridades y por eso fueron desconocidas”.

Los territorios que ocupan estas empresas son habitados, no son montañas de tierra para triturar, que es como las empresas los miran. Son territorios construidos por quienes los viven cotidianamente, con significados e historias profundas, con múltiples conocimientos, prácticas y experiencias acerca de la naturaleza y del manejo de ésta. Permitir la entrada de estas empresas es destruir prácticas ancestrales que enfrentan la crisis ambiental y civilizatoria. Este conjunto de elementos son parte del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas.

Para los pueblos, lo que está en el centro de los conflictos es la reproducción de la vida con las características que cada comunidad ha generado.

En palabras de las autoridades municipales de Capulálpam de Méndez: “Decimos no a la minería, no por estar en contra del progreso, sino por estar en contra de daños irreversibles que origina la actividad minera, la experiencia de más de 200 años de trabajos mineros, contaminación por metales pesados en el rio Capulálpam. Decimos no a la minería porque nuestro pueblo a gritos nos pide su protección, porque no es tiempo de empleos que no estén acorde a nuestra realidad, necesitamos generaciones que no padezcan lo que generaciones anteriores padecieron, mujeres viudas, niños huérfanos. Decimos no a la minería, porque decir sí, estaríamos cambiando vida por destrozo, vida por muerte, vida que se muestra en nuestras montañas y ríos”.

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