ás allá de la fiscal y de la que dice combatir el hambre (¡sonríe!: toma Pepsi), otra cruzada del gobierno peñanietista cumple sus primeros seis meses de operación, con resultados que están en veremos. Se trata del Programa para la Formalización del Empleo, cuyo banderazo de salida dio el inquilino de Los Pinos el pasado 22 de julio, con la pretensión de que las empresas otorguen empleos dignos que cumplan con la ley y otorguen seguridad social, salarios dignos y prestaciones de ley, en el entendido de que seis de cada diez mexicanos en edad y condición de trabajar se ocupan y sobreviven en la informalidad.

Seis meses después, bien a bien nadie sabe cómo va el marcador de la cruzada laboral en contra de la informalidad, estrategia sexenal que cuenta con el aval no sólo del gobierno federal, sino con el de los 32 virreyes de la Federación (más un comisionado a partir del miércoles pasado), y que para su primer semestre de ejecución estimó formalizar no menos de 200 mil plazas laborales (en un esfuerzo inicial), es decir 0.66 por ciento del universo informal.

En aquellos no lejanos ayeres, el inquilino de Los Pinos advirtió que un insuficiente crecimiento económico y el incremento demográfico en las últimas tres décadas han originado que 59 por ciento de la población ocupada en México labore en la informalidad. En otras palabras, más de 28 millones de trabajadores no cuentan con el amparo del marco legal o con seguridad social. Además, la mayoría labora en empresas que en promedio son 50 por ciento menos productivas que las formales, lo que se traduce en menores salarios.

Pero más allá de su bonito discurso, el hecho es que en su primer año de estancia en la residencia oficial la insuficiencia en materia de crecimiento económico volvió a decir presente, y si bien va el PIB avanzaría 1.2 por ciento. Sin crecimiento no hay empleo formal, y sin ambos la posibilidad de formalizar la informalidad, por mucho que ésta sean una salida falsa que si bien libera presiones de empleo a corto plazo, con el tiempo genera pasivos sociales. Por ello, la formalidad es la única ruta para crecer y prosperar (Peña Nieto dixit, obviamente).

Pero bueno, mientras esta cruzada da resultados –si es que algún día se concretan–, el Observatorio Económico de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Azcapotzalco) divulgó un análisis (La reforma hacendaria, la informalidad y la productividad, bajo la firma de José Francisco Rodríguez Montoya) que concluye, palabras más o menos, que en la materia descrita saldría más caro el caldo que las albóndigas, algo por demás común en los programas de gobierno.

El citado análisis detalla que desde el Poder Ejecutivo se ha afirmado que la reforma hacendaria va contra la informalidad a través de esquemas de incorporación con cero impuestos en el primer año y una progresividad en cinco años, con diversos beneficios desde el primer año, como acceso a programas de crédito y la inclusión de los trabajadores en el Seguro Social con cuotas subsidiadas para ingresos hasta de dos salarios mínimos.

Al mismo tiempo, diversos organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, entre otros, han señalado que la reforma hacendaria va a provocar un aumento de la informalidad, e incluso organismos privados como el Cidac han señalado a la informalidad como uno de los temas eludidos por la reforma hacendaria y apuntan como un defecto la decisión de no aumentar la base gravable cobrando impuestos a los informales. Una de las quejas más recurrentes ha sido la de por qué no cobrar impuestos a los trabajadores informales en lugar de cobrar más a los causantes cautivos o a través del establecimiento de nuevos gravámenes con fines meramente recaudatorios.

En fin, observaciones de chile de dulce y de manteca, pero la conclusión del Observatorio Económico de México es que resulta más costoso formalizar a los informales: el gobierno federal ha dado por hecho que la informalidad es la causa de la baja productividad de nuestro país y ha propuesto una serie de acciones encaminadas a reducirla, pero quizá no ha reflexionado sobre el costo, en términos recaudatorios, que implicará dicha formalización.

En este contexto, detalla, la población ocupada informal sumó 29 millones 316 71 personas con un ingreso mensual promedio de 2 mil 549 pesos (información oficial al cierre del tercer trimestre de 2013). Con esos datos se obtiene que el gobierno federal podría retener (en términos fiscales) a estas personas un total de 67 mil 229 millones de pesos anuales. Sin embargo, los subsidios al empleo que, por ley, debería aplicar el propio gobierno federal a la hora de la formalización ascenderían a 138 mil 750 millones de pesos, es decir, más de dos veces de lo que potencialmente recaudaría por la formalización de los puestos de trabajo.

Ese es el universo a formalizar, en el entendido de que agrupa a la ocupación en el sector informal (aquellas personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo tiende a concretarse en una muy pequeña escala de operación, por ejemplo personas que tienen un micro negocio no registrado en la puerta de su casa o vendedores ambulantes) y a la informalidad laboral (la suma, sin duplicar, de los trabajadores que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo; en esta tasa se incluye –además del componente que labora en micronegocios no registrados o sector informal– a otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas, aquí se incluyen, por ejemplo, a los trabajadores domésticos”).

Las rebanadas del pastel

En el sexenio de las cruzadas, ¿estaría dispuesto el gobierno formalizador, de la mano de sus aliados naturales, a pagar ese precio económico con tal de colgarse la medallita política?

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