ás allá de la circunstancia michoacana, la designación de un comisionado imperioso para suplir abiertamente a un gobernador en funciones (así sea el física y políticamente maltrecho Fausto Vallejo) es un golpe seco, ilegal y amenazante, que deja sin efecto el federalismo (con sus nociones, ahora borradas de un plumazo, de las entidades libres y soberanas) y suple autoritariamente los procesos electorales estatales y su consecuente constitución de poderes (así hayan sido caracterizados por el fraude electoral y la corrupción), ensanchando la puerta a tentaciones despóticas de las que ya se han tenido preocupantes muestras de diciembre de 2012 a la fecha (entre otras, la posibilidad de relecciones inmediatas en cierto segmento de la clase política, lo que facilitaría extender esa licencia al máximo nivel, el de la Presidencia de la República, en una cancelación total del lema maderista fundacional).

Como en otros temas, la mansedumbre ciudadana ante el atrevimiento de defenestrar al titular de un Poder Ejecutivo estatal e imponer a sus pistolas a un mexiquense como nuevo gobernador virtual de Michoacán pareciera incitar a Los Pinos a posteriores excesos. Cual si de un laboratorio social se tratara, desde el poder federal se cometen agravios y desviaciones que al recibir convalidación colectiva mediante la apatía impulsan a los depredadores políticos a continuar con sus violaciones, incrementando incluso el nivel de prueba de la resistencia ciudadana. Esta vez, por ejemplo, mediante un decreto se han adjudicado a Castillo facultades y funciones de las que evidentemente está siendo despojado Vallejo, a quien técnicamente eligió la soberanía popular michoacana para que cumpliera de manera absolutamente personal las obligaciones de las que ahora se encargará un enviado de Los Pinos. Una visión pragmática podría considerar benéfico el intervencionismo peñista en razón del desastre en que está convertida la entidad a causa, entre otros, del propio gobernador constitucional, Vallejo, y de quien ha sido interino y ha ejercido el mando informal de manera intermitente, Jesús Reyna.

Sin embargo, momentos hubo en los que se pudo haber conseguido la licencia del desfalleciente Vallejo, pero el gobierno federal no quiso correr el riesgo de convocar nuevas elecciones y perderlas, y tampoco quiso impulsar la opción de la desaparición desde el Senado de ese poder estatal, así que ha forzado a extremos patéticos la permanencia espectral de Fausto y ahora ha sacado de la chistera el truco del comisionado que sin empacho alguno se declara listo para nombrar procurador de justicia y secretario de seguridad pública en la entidad y al cual el gabinete federal está listo para atender con especialísima buena disposición, sin siquiera cuidar mínimamente las formas políticas y jurídicas. Con esa fórmula, a partir de ahora bastará a EPN designar a alguno de sus allegados como comisionado en cualquier entidad para hacer a un lado a gobernadores en problemas locales o con distanciamiento respecto a Los Pinos.

En ese contexto, la designación de Alfredo Castillo como gobernador personal de Peña Nieto en Michoacán, es consecuencia de la permisividad colectiva ante hechos prefigurativos como el cínico desenlace del caso de la niña Paulette en el estado de México. De la misma manera, la caciquil instalación de Castillo en tierras tarascas es un lance (consentido hoy por la misma clase política, embebida en otros negocios) que crea condiciones para posteriores golpes a los estados, venganzas y presiones sobre gobernadores y sujeción absoluta de las camarillas políticas regionales a las instrucciones de un centro al que no se le dificultan las ensoñaciones dictatoriales (algunos gobernadores, como el chiapaneco Manuel Velasco Coello, despilfarran el erario en temprana construcción de proyectos presidenciales; pero también hay condiciones para preguntarse si desde ahora se está construyendo una campaña de relección presidencial, en espera de viables reformas constitucionales y con base en un reformismo al que la cuantiosa propaganda oficial pretende convertir en machacona prueba de que Peña Nieto es todo un estadista sin par, al que en todo caso lo único que faltaría sería tiempo –otro periodo– para completar su magna obra presunta).

Ese autoritarismo galopante envía a través de Castillo un mensaje a los gobernadores que hoy van en un camino de realineamiento riguroso con Los Pinos, luego que durante los periodos panistas los encaramados en la silla presidencial no pudieron controlar a esos poderes estatales que tomaron proporciones descomunales. La reorganización presupuestal colocó a los gobernadores en diciembre pasado a las órdenes de la Secretaría de Hacienda y Los Pinos, y el ejemplo más vergonzoso de sumisión a las instrucciones federales se produjo en los días de ajetreo en que los palacios estatales compitieron impúdicamente para mostrar al César reformista que sus congresos locales habían aprobado atropelladamente, en minutos, sin discusión alguna, en sedes rodeadas de policías, las modificaciones sobre energéticos hechas en San Lázaro y el Senado. Los integrantes de estas cámaras federales, por cierto, ahora se mueven con la zanahoria autorizada de la posibilidad de la relección inmediata, en un escenario de endogamia política del que seguirán saliendo criaturas aberrantes.

Astillas

La facturación electrónica y los nuevos procesos fiscales se han convertido en un problema operativo para un buen número de contadores y causantes. Aun cuando teóricamente deberían ser fáciles los pasos a dar (entre otras promesas que ahora generan risas están aquellas declaraciones de que todo sería tan sencillo que en muchos casos ni necesarios serían los servicios de los contadores), los enredos técnicos y la confusión normativa subsisten en estos primeros tramos de adecuaciones… Y, mientras Francisco sigue actuando contra la pederastia clerical, ¡feliz fin de semana, con teléfonos celulares geolocalizables por policías, sin orden judicial!

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