Washington, 15 de enero.

En uno de los últimos intentos por detener la ejecución de Édgar Tamayo Arias, sentenciado a muerte en 1994 por el asesinato de un policía en Houston, Texas, el gobierno de México denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que al mexicano le fueron violados sus derechos consulares, y pidió un diálogo hemisférico en torno a la pena capital.

En tanto, a solicitud de su mesa directiva, la Comisión Permanente solicitó al gobierno de Texas postergar la ejecución por inyección letal, prevista para este 22 de enero, para que en estricta justicia se agoten todos los medios de defensa posibles en favor de su vida.

Sandra Babcock, abogada que encabeza el equipo de defensa del connacional, dijo en Dallas que Édgar Tamayo podría ser ejecutado sin que ninguna corte haya revisado la violación de sus derechos consulares. Sólo pedimos un proceso justo. Ir a la corte y probar lo que decimos, pero ni siquiera recibimos esa oportunidad, explicó.

Tamayo está amparado por un fallo de 2004 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordena a Estados Unidos revisar su caso por posible violación de garantías como extranjero.

Babcock anunció que presentará una demanda este viernes para solicitar a una corte federal que el procurador general de Texas, Gregg Abbott, cumpla su promesa de revisar los casos de los mexicanos sentenciados a muerte y que se les violaron derechos consulares.

Por su parte, la Casa Blanca descartó que este caso afecte la cumbre de gobernantes de Estados Unidos, México y Canadá, a realizarse en Toluca el próximo 19 de febrero. Una importante fuente oficial señaló que el gobierno de Barack Obama ha defendido aplicar la resolución de la CIJ sobre el llamado caso Avena, para que se revisen los casos de sentenciados a pena de muerte que no tuvieron acceso consular.

Es algo críticamente importante para nosotros, porque esperamos y demandamos ese derecho cada vez que un estadunidense es arrestado en el extranjero, señaló la una funcionaria, quien pidió mantener su nombre en reserva.

Pero la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dispuso que el gobierno de Texas no está obligado a atender la resolución de la CIJ, aun cuando Tamayo Arias es uno de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en ese país bajo amparo de un fallo de dicha corte.

En la OEA, el embajador de México ante ese organismo multilateral, Emilio Rabasa, dijo que para nuestro país resulta particularmente grave que, pese al otorgamiento de medidas cautelares y provisionales en favor de Édgar Tamayo, se programen y lleven a cabo ejecuciones.

Según advirtió, actitudes como éstas socavan el fin último de estos mecanismos, comprometen el respeto a los derechos humanos y resulta además violatorio del derecho internacional e interamericano.

En nombre de México, Rabasa Gamboa hizo un respetuoso pero firme llamado a todos los estados de la región que aún mantienen la pena capital, a que consideren su abolición o bien decreten una moratoria sobre su aplicación, con miras a su eventual abolición.

El funcionario había pedido incluir este tema en el orden del día del Consejo Permanente de este miércoles, el primero del año y que se celebra justo una semana antes de la fecha fijada para la ejecución de Tamayo Arias.