as acciones del gobierno federal ante la crisis que vive Michoacán lejos de aportar un factor de estabilidad y certeza a la entidad y al país, han generado mayor incertidumbre en la opinión pública y volatilidad a la circunstancia de ese estado. En efecto, el despliegue de la Policía Federal en las zonas hasta ahora controladas por los grupos de autodefensa, anunciado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha sido recibido con escepticismo; el llamado a los mismos a que entreguen las armas fue rechazado por sus dirigentes y, para colmo, un operativo militar de desarme realizado en la localidad de Antúnez derivó en la muerte de al menos un civil a manos de un soldado.
Este último suceso –ciertamente lamentable y que debe ser investigado y esclareci- do en forma convincente– ilustra la improcedencia de utilizar a las fuerzas armadas en funciones de policía –porque los militares están entrenados para liquidar al enemigo, no para perseguir delincuentes ni para prevenir delitos– y obliga a recordar los nu- merosos episodios de violencia y atropello contra la población que han tenido lugar en las circunstancias en las que se ha abusado de despliegues militares en regio- nes afectadas por el auge de la criminalidad organizada.
Por lo demás, la respuesta gubernamental del momento actual resulta parecida a las concebidas y ejecutadas en su momento durante el sexenio pasado, y cuya inutilidad ha quedado exhibida, precisamente, por la permanencia de organizaciones delictivas y por la inseguridad prevaleciente, la que a su vez ha conformado el caldo de cultivo para la formación de los grupos de autodefensa que han debido hacerse cargo de la seguridad pública en las zonas en las que la Federación ha realizado despliegues espectaculares de fuerza pública para, después, dejarlas abandonadas a su suerte.
Un factor adicional que agrava la crisis en Michoacán es la falta de información oficial consistente y sólida acerca de lo que realmente ocurre en esa entidad. A falta de ella, es inevitable la proliferación de rumores y datos fragmentarios que, lejos de esclarecer el panorama, multiplican la confusión y la desinformación.
En todo caso, los hechos referidos indican una ausencia mucho más preocupante: la de una estrategia gubernamental coherente e integral –policial, de inteligencia, política, económica, social– para hacer frente a fenómenos de inseguridad pública que empiezan a convertirse en confrontaciones de gran escala entre grupos armados. Si la actual administración no es capaz de formularla con prontitud, el país vivirá otro sexenio de violencia descontrolada, descomposición institucional y barbarie multiplicada. Es de esperar que no sea el caso.
