La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de la ciudad de México entregó a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados un análisis jurídico en el que se manifiesta que las facultades para legislar en materia de marchas en la ciudad de México no corresponden a la Cámara de Diputados, sino a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), señaló el titular de esa instancia, José Ramón Amieva Gálvez.

Dijo que la Consejería Jurídica estará a la espera de que dicho estudio sea tomado en cuenta por todos los legisladores federales cuando se pretenda aprobar en el pleno la iniciativa de ley de manifestaciones públicas del Distrito Federal, aprobada en comisiones el pasado 10 de diciembre.

El análisis ya se terminó y versó exclusivamente sobre las facultades que tiene el Congreso de la Unión para legislar en la materia, y llegamos a la conclusión de que esas facultades las tiene la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y no la Cámara de Diputados federal, indicó el funcionario.

Ya el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, había advertido que la iniciativa impulsada por el Partido Acción Nacional invade competencias de la ALDF y vulnera la autonomía de la ciudad de México, por lo que, dijo, en caso de ser aprobada y promulgada se interpondrá una controversia constitucional.

Por otra parte, la iniciativa de ley de movilidad que propuso el mandatario capitalino para sustituir la actual Ley de Transporte y Vialidad fija sanciones a los automovilistas que no cuenten con un seguro para cubrir daños a terceros en sus bienes y su persona.

Saldría en febrero

Si bien el Reglamento de Tránsito Metropolitano establece desde su publicación, en 2007, que todo vehículo que circule en la ciudad debe contar con una póliza de seguro, no señala sanción por incumplimiento, y la que plantea dicha iniciativa es de 20 a 40 días de salario mínimo vigente, es decir, de mil 348.8 a 2 mil 691.6 pesos.

La iniciativa, que podría ser llevada al pleno de la Asamblea Legislativa en un periodo extraordinario en febrero, señala que los conductores y propietarios de vehículos están obligados a responder por los daños y perjuicios causados a terceros en su persona y o bienes, por la conducción de éste, y dispone que todo vehículo de uso particular que circule en el Distrito Federal deberá contar con un seguro de responsabilidad civil vigente que cubra, por lo menos, los daños que puedan causarse a terceros en su persona y o sus bienes por la conducción del vehículo.

En los transitorios de la iniciativa se añade que el seguro será exigible a partir de la entrada en vigor del reglamento correspondiente, aunque no señala el plazo, a partir de que entre en vigor la ley, para que se publique o se hagan las modificaciones reglamentarias.