La Comisión Permanente, órgano del Congreso que entra en funciones durante los recesos de la Cámara de Diputados y el Senado, por conducto de la Comisión de Gobernación, prepara una solicitud a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con el propósito de que abra oficinas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país, debido a que tan sólo en Tijuana, Baja California, conviven 52 etnias que están marginadas de las políticas del gobierno federal.

La solicitud, que se votará hoy en comisiones, explica que los indígenas viven en asentamientos con poca o nula infraestructura y son víctimas de omisión en el proceso de desarrollo social, discriminación, exclusión y violación a sus derechos humanos y colectivos.

Refiere que las concentraciones de población indígena en la frontera norte crecieron a partir de la década de los 50 del siglo pasado, a partir del reclutamiento para trabajar en campos agrícolas.

Asimismo, indica, el programa de braceros y la vecindad con Estados Unidos generó un rápido crecimiento de asentamientos indígenas. Estos últimos son ya 52, donde residen mixtecos, zapotecos, triquis, purépechas, otomíes y nahuas, en colonias de alta marginación.

La marginación, señala, no les permite el desarrollo de sus actividades artesanales, la práctica de sus expresiones culturales, identidad jurídica y menos aún a intérpretes o traductores en juicios y otros procesos legales.

En ese sentido, considera que la CDI está obligada a garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, en este caso los que viven en la frontera norte. También se le pide levantar un registro de población indígena en las ciudades limítrofes con Estados Unidos.