Acapulco, Gro., 12 de enero.

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) acordó expulsar a las empresas que extraen arena y grava de los poblados asentados en las márgenes del río Papagayo, en los bienes comunales de Cacahuatepec, las cuales operan ilegalmente, en complicidad con comisarios ejidales.

En una asamblea realizada en el poblado Los Ilamos, unos 300 comuneros y otros habitantes de los bienes comunales de Cacahuatepec pactaron citar a propietarios de las empresas para que el próximo domingo se presenten en la reunión del Cecop que tendrá lugar en la comunidad La Concepción, para que respondan a la comunidad.

Los pobladores aseguran que los dueños de las empresas extractoras son Humberto Marín Molina y la familia Valle.

El Vocero del Cecop, Marco Suástegui Muñoz, afirmó que caciques trasnacionales están acabando con los recursos naturales, al igual que la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que saquean la tolva de Parotillas. El río ya no es de arena ni de grava; ahora es de lodo. El agua se está filtrando, se está yendo, y las huertas se están secando, al igual que los mantos freáticos.

El Cecop pidió que el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el secretario de Desarrollo Rural estatal, Humberto Zapata Añorve, acudan a la asamblea para que entreguen 2 mil 300 cheques a campesinos que perdieron sus parcelas de maíz tras el paso de la tormenta Manuel.

En el poblado Nuevo Balsas, municipio de Cocula, concluyeron sin acuerdos las pláticas entre campesinos y la empreesa canadiense Media Luna, que pretende explotar la mina de oro La Fundición, que abarca unas mil 300 hectáreas propiedad de 92 labriegos, las cuales también reclaman 64 ejidatarios con apoyo de la compañía.

Arturo Miranda Ramírez, uno de los 92 campesinos que resultarían afectados, informó que en la reunión efectuada el sábado en las oficinas de Media Luna, en Cuernavaca, Morelos, los representantes de la minera se mostraron arrogantes y agresivos.

La minera aseguró tener autorización del gobierno federal para explotar las mil 300 hectáreas y advirtió a los campesinos que continuarán sus trabajos con nuestra anuencia o sin ella. El gobierno federal hizo lo mismo en la Montaña y la Costa Chica (de Guerrero), donde otorgó permisos a mineras canadienses e inglesas, pero los pueblos se organizaron y no han podido explotar los yacimientos de oro, plata, y zinc. En Nuevo Balsas haremos lo mismo.