uego de 32 años de que la influencia del Fondo Monetario Internacinal (FMI) fuese impuesta a nuestro país, para asegurar que México pagara la deuda externa contraída por el presidente López Portillo como resultado de su aventura petrolera que, según él, haría de México uno de los países más ricos del mundo, estamos embarcados en una nueva odisea, guiados por un conjunto de iluminados, que ahora sí nos aseguran que en esta ocasión las cosas serán distintas.
Vale la pena mencionar que la imposición del FMI trajo como consecuencia la sucesión de una serie de gobiernos neoliberales cuyos saldos netos han sido el estancamiento de la economía, el empobrecimiento de la inmensa mayoría de la población y el enriquecimiento sin límites de unos pocos, el crecimiento desmedido de la corrupción, la reducción de los servicios públicos con excepción de los aspectos de seguridad, en donde sí ha sido palpable el incremento de efectivos dedicados a este fin, aunque con resultados exactamente opuestos a los que se requieren.
La sensación general dejada por esos gobiernos ha sido la inexistencia de un proyecto de nación (como sí se tenía anteriormente), para dar paso a un modelo diferente en el que la economía y la política pública son controladas por el mercado, o quizás de manera más certera, por un conjunto de corporaciones financieras y mercantiles de carácter internacional.
Es en este escenario donde ha irrumpido un nuevo gobierno, que si bien ofrece un cambio con un conjunto de beneficios y avances por demás atractivos, plantea asimismo una serie de contradicciones que al ser analizadas dejan un panorama por demás incierto para el futuro. Desde luego el aspecto más importante pareciera ser el económico, en el que con la llamada reforma energética, anunciada con trompetas y timbales, se ofrece, entre otras cosas, la reducción de los precios de los combustibles y de la electricidad, así como un crecimiento económico que traerá más empleos y mejores salarios, todo ello gracias a enormes inversiones que resultarán de la privatización del sector energético.
Esta privatización, sin embargo, implica que el gobierno debe encontrar otras fuentes de ingreso para sustituir los recursos que recibe de Petróleos Mexicanos y del sector energético en general, incluida la Comisión Federal de Electricidad, para lo cual se ha hecho una reforma fiscal, cuyo impacto en términos generales representará un incremento de 11 por ciento en los costos de producción a escala nacional y, por lo tanto, en los precios de los productos y servicios, de manera que finalmente quienes pagarán el financiamiento de la operación serán los consumidores, quienes además nos veremos asediados por los nuevos impuestos que hagan falta, para compensar el déficit gubernamental, fácilmente predecible, por razones harto conocidas.
Ello lleva las cosas a una necesaria contradicción, la de una sociedad a la que se le habla de un futuro mejor que el presente, incluyendo reducciones de precios y aumento de la capacidad adquisitiva, cuando la única realidad por el momento es la de que todo será más caro, para que quizás dentro de algunos años un grupo de empresas extranjeras, difícilmente interesadas en el bienestar de los mexicanos, le entreguen al país por las buenas, todas ellas calladitas y cooperando, una tajada de sus utilidades.
Si a este problema agregamos las contradicciones que se observan en otros campos, el panorama no es ciertamente radiante; desde luego una contradicción que es fácil percibir es la que se ha estado dando en torno a la educación, ante la existencia de dos objetivos totalmente antagónicos que parecen ser perseguidos por el gobierno. Uno de estos se orienta a mejorar las competencias, capacidades y conocimientos de las nuevas generaciones de mexicanos, con el fin de salir del atraso en que al parecer seguimos metidos, de acuerdo con los resultados de la más reciente evaluación educativa internacional, de manera que nuestro país resulte más atractivo para los inversionistas extranjeros. Al mismo tiempo se tiene la otra meta, la de mantener al país en el mismo nivel de ignorancia que ha hecho posible a quienes hoy nos gobiernan hacerse del poder gracias a la operación masiva de compra de votos, tal como sucedía en la república de Roma hace 2 mil años, cuando la gente no sabía leer, añadiendo sólo la innovación de los monederos electrónicos.
¿Por cuál de estas dos opciones se definirá finalmente el gobierno? Difícil conjeturar una respuesta, luego de las declaraciones del señor de los anises, pues hay claros indicios de que por ahora se ha decidido por las dos, desde luego sin saber cómo hacerlo, pues al cabo que si algo sale mal, bastará con llamar a Televisa para que le vuelva a echar la culpa a los profesores.
Pero las cosas no terminan allí, pues la reforma en ciernes tiene como uno de sus fines más innovadores la autonomía de gestión de las escuelas, para lo cual ya no será el gobierno el que provea los recursos por administrar sino que esa responsabilidad recaiga en los padres de familia, en virtud del prometido incremento del poder adquisitivo que de acuerdo con el discurso oficial se empezará a percibir en unos meses
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Pero la educación desde luego no es el único punto rojo de posible enojo popular: los índices de confianza recién publicados por el Inegi, que para nada puede ser considerado como un agorero del desastre, muestran una reducción importante en varios aspectos, y muy especialmente en el referente a la seguridad, explicando el porqué de la aparición y multiplicación de las autodefensas populares en varias zonas rurales de Michoacán y Guerrero.
Hoy las autoridades gubernamentales parecen estar viviendo lo que ellos creen el logro de sus metas; sin embargo, creo que debemos preguntarnos cuál será el saldo de esta nueva aventura, digamos dentro de tres o cuatro años, y cómo responderán los diferentes sectores sociales ante la nueva realidad; quizás sea tiempo de comenzar a pensar en las veladoras.
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