Madrid, 9 de enero.

La policía española detuvo a ocho miembros del grupo de enlace de los presos de la organización armada vasca ETA, lo que el gobierno regional del País Vasco consideró un paso atrás en el proceso de paz de la región, dos años después del anuncio del cese definitivo de la violencia del grupo independentista.

La acción refleja el empecinamiento (del Estado) por hacer creer que nada ha cambiado, dijo el vocero del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), y reclamó al gobierno de Mariano Rajoy altura de miras ante la inequívoca voluntad del fin de la violencia.

Pero el gobierno de Rajoy consideró que la operación es un paso más en la batalla para la definitiva disolución de ETA, que todavía no ha entregado las armas. El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, declaró que fue desarticulado el tentáculo que permitía controlar a los presos. Subrayó que con el grupo armado no se negocia ni se va a negociar.

La operación de la Guardia Civil arrancó el miércoles con ocho detenciones del grupo de enlace de los presos de ETA –entre ellos dos abogados– y continúa hoy con más allanamientos en el País Vasco y Navarra.

La acción policial se llevó a cabo días después de que el colectivo de ex presos etarras emitió un comunicado reconociendo, por primera vez de forma pública y unánime, el daño causado por su lucha armada durante más de 50 años. En la misiva pedían un proceso escalonado e individual para acogerse a beneficios penitenciarios y acelerar su salida de prisión.

El gobierno vasco ya cuestionó en un primer momento la operación y hoy se mostró más duro al denunciar su burda orientación mediática, ya que la información llegó a los medios de comunicación antes incluso de que el operativo comenzara.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias informativas para analizar si hubo filtración o si se trató solo de un error del Ministerio de Interior a la hora de enviar la nota de prensa.

Los agentes registraron varios domicilios y despachos. Entre ellos, el de la abogada Arantza Zulueta (en Bilbao), a quien detuvieron, además de su colega Jon Enparantza.

El resto de detenidos son: Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Asier Aranguren.

El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió sobre una ofensiva del gobierno de Mariano Rajoy contra las libertades, emprendida luego de retrocesos de los derechos sociales y laborales.