Madrid, 7 de enero.

La infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, fue imputada hoy por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, en el contexto de la supuesta trama de corrupción que desde hace tres años salpica a su esposo, Iñaki Urdangarin, lo que posiblemente allane el camino para un juicio sin precedentes contra un miembro de la familia real española, indicó el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

La Casa Real española dijo a través de sus portavoces que ‘‘respeta la decisión judicial’’.

Luego de una extensa investigación, el magistrado de Palma de Mallorca, José Castro, señaló en un dictamen de 200 páginas que hay evidencia de que Cristina, de 48 años, cometió delitos, y la citó para comparecer ante la corte el 8 de marzo para declarar en torno a la sociedad con Urdangarin en una empresa llamada Aizoon.

Urdangarin es investigado por presuntamente haber usado su posición en Aizoon para defraudar varios millones de euros en contratos públicos asignados al Instituto Noós, presunta organización sin fines de lucro creada por él, y canalizar los fondos a otros negocios, entre ellos Aizoon.

Urdangarin, de 45 años, ex campeón olímpico de balonmano reconvertido en hombre de negocios, es sospechoso junto a su ex socio Diego Torres de malversar 6.1 millones de euros de fondos públicos mediante Nóos, que presidió de 2004 a 2006 y en cuya junta directiva participaba la infanta.

Cristina es también copropietaria, junto a Urdangarin, de la empresa Aizoon, sospechosa de haber servido de pantalla.

Desoyendo la oposición de la fiscalía, el juez Castro en las Islas Baleares, que instruye el caso Nóos desde 2010, le imputó ‘‘supuestos delitos fiscales y blanqueo de capitales’’.

El juez considera ‘‘falsas’’ una serie de facturas y dice no poder compartir a priori el criterio de la Agencia Tributaria, que calificó como deducibles gastos amparados ‘‘por documentos en los que concurren serias y graves irregularidades, indiciarias de delito.

‘‘El anticipar que doña Cristina Federica de Borbón desconocía las actividades de su marido y la trascendencia penal de su actuar propio es tan precipitado como afirmar inexorablemente lo contrario’’, señaló el magistrado.

Con la imputación, agregó, ‘‘lo único que se pretende es brindar a aquélla la posibilidad de que personalmente facilite las explicaciones sobre determinados indicios objetivos de criminalidad’’.

Tras la noticia, la casa del rey se limitó a expresar su ‘‘respeto de las decisiones judiciales’’. El abogado de la infanta, Miquel Roca, aseguró que Cristina acudirá a la cita.

En abril del año pasado, el juez Castro imputó a la hija menor de los reyes de España al apreciar indicios de que pudo consentir que su esposo aprovechó su parentesco con el monarca para ejecutar presuntas actividades ilegales en el instituto Nóos, entidad pública relacionada con el deporte.

En aquella ocasión, la infanta no llegó a declarar en los juzgados de Palma, ya que la fiscalía anticorrupción presentó un recurso y el juez suspendió la citación. Ahora, el abogado de Cristina, Miquel Roca, recurrirá el auto del juez Castro para evitar de nuevo que la infanta declare, como ya adelantó este martes al entender que la imputación ‘‘carece de fundamento’’.

Ni la infanta ni su esposo han sido acusados oficialmente de delito alguno. Esas acusaciones serían instruidas al concluir la investigación si el magistrado decide que hay pruebas suficientes para un juicio, dijo la vocera judicial María Ferrer.

Cristina es la menor de las dos infantas, cuyo hermano mayor es el heredero al trono, el príncipe Felipe de Borbón. Trabaja para la fundación social y cultural del banco La Caixa y reside en Ginebra desde septiembre pasado, oficialmente por obligaciones laborales, aunque se especula que fue una forma en que la familia real intentó mantenerla alejada del escándalo.

Recientemente el juez fijó una fianza de 8.2 millones de euros a Urdangarin y Torres. La fianza no ha sido abonada y la corte inició un proceso de congelación de bienes. La familia real apartó a Urdangarin de todas las actividades oficiales reales en 2012 y luego lo retiró de la página real en Internet.

La casa del rey expresó su ‘‘respeto a las decisiones judiciales’’, tres días después que el jefe de la institución, Rafael Spottorno, instó a la justicia española a cerrar la instrucción del caso al que consideró como un verdadero ‘‘martirio’’ para la familia real.

El gobierno conservador de Mariano Rajoy se limitó a mostrar su ‘‘respeto’’ a la decisión judicial. También el Partido Socialista, el más importante de la oposición en España, pidió ‘‘respeto y acatamiento a la decisión del juez’’.

Más dura fue la tercera fuerza política del país, Izquierda Unida, que reclamó a Rajoy que no ponga ‘‘obstáculos’’ al juez instructor del caso y se mantenga al margen.

El llamado caso Nóos ha sumido a la monarquía española en su crisis más aguda durante los 38 años de reinado de Juan Carlos, que el domingo pasado cumplió 76 años.

A ello se une la delicada salud del monarca, operado dos veces de la cadera en los meses recientes debido al accidente que sufrió durante una cacería en Botsuana en abril de 2012, cuando el país estaba en una aguda crisis económica, y que el lunes volvió a desatar los rumores por sus titubeos y errores cometidos en su discurso durante la celebración de la pascua militar en Madrid.

Pese a todo, el rey Juan Carlos descarta abdicar a favor de su heredero, el príncipe Felipe, uno de los miembros mejor valorados de la familia real española.