En México, donde hay 34 millones de personas que dependen para el abasto de agua de acuíferos en camino a la extinción, hay inequidad en la distribución del recurso e impunidad hídrica, y las concesiones mineras –que cubren casi la mitad del territorio nacional– dejan acuíferos y cuerpos de agua contaminados, por lo que se requiere un nuevo modelo de gestión del líquido.

Esto es parte del diagnóstico que dieron a conocer ayer investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y otras instituciones académicas en la presentación de la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, misma que requiere de 130 mil firmas para entregarse en la Cámara de Diputados y cuya campaña de recolección comenzó ayer.

La atención gubernamental al agua se refleja en que apenas se le destina uno por ciento del presupuesto federal y de éste una cuarta parte se va al centro del país, donde está el Túnel Emisor Oriente, el Sistema Cutzamala, y se destinan recursos para la extracción de agua en pozos del valle de México, detalló Elena Burns, del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa.

Explicó que 30 por ciento de los mexicanos dependen de aguas subterráneas milenarias, difíciles de potabilizar, que requieren más energía para su extracción. Otro riesgo inminente es la extracción del gas shale, que afectará acuíferos.

En el documento Agua para todos, agua para la vida, editado por la UAM, se resume la iniciativa ciudadana, en la que participaron decenas de personas y académicos, así como 49 organizaciones de 27 estados del país. La Ley General de Aguas debía promulgarse en febrero pasado, luego de que en 2012 en la Constitución se estableció el derecho humano al agua.

El documento incluye un mapa del territorio nacional donde se observa que las concesiones mineras abarcan amplias áreas del centro y norte. En total suman 96 millones de hectáreas, y el primer daño ambiental que ocasiona esa actividad es contaminar aguas superficiales y profundas, aseveró Pablo Moctezuma, académico de la UAM.

Se requiere cambiar el modelo de extracción y manejo del recurso por uno que priorice los ecosistemas y la soberanía alimentaria, y que garantice agua para todos, señala la iniciativa ciudadana. Propone una agenda nacional con metas a 15 años, el establecimiento de una agenda nacional con objetivos por cuenca y municipios a través de planes consensuados y vinculantes, además de instrumentos de defensa, protección y contraloría.

Burns explicó en conferencia de prensa que la meta es lograr una ley sustentable con equidad, que ponga fin a la contaminación de los cuerpos de agua, a la sobrexplotación y destrucción de cuencas y acuíferos, así como a los desastres causados por el mal manejo de las cuencas.

Detalló que el borrador de la iniciativa de la Comisión Nacional del Agua hace a un lado la participación ciudadana, y sobre la contaminación deja a las empresas la autorregulación, lo cual es un retroceso, ya que ni siquiera contempla el principio actual de que el que contamina paga.

Raquel Gutiérrez Nájera, de la Universidad de Guadalajara, explicó que la iniciativa, que lleva más de un año de trabajo, busca una gestión participativa de los ciudadanos a través de un consejo nacional de cuencas, que tendría consejos estatales y municipales, y se propone establecer comités de cuenca en los sistemas de agua potable y saneamiento.

También se plantea una contraloría social ciudadana que vigilaría el cumplimiento de los servidores públicos e iniciaría acciones de defensa frente a proyectos o concesiones potencialmente dañinos, como son las concesiones mineras, y se propone una procuraduría del agua con autonomía, explicó por su parte Gerardo Alatorre, de la Universidad Veracruzana.