La pretensión del Congreso de convertir a todo el personal del Instituto Federal Electoral (IFE) en parte del Servicio Profesional Electoral (SPE), e incorporar además a parte de los actuales organismos locales se basa en un mal diseño institucional que podría poner en riesgo la eficiencia que hasta ahora ha tenido lo que ha sido la élite y clave en la organización de los comicios. Administrar un SPE tan grande implicaría problemas no sólo administrativo, sino también de reclutamiento.

El personal que labora en el nuevo SPE es una parte muy importante del IFE, pero hablamos de que actualmente representa 15 por ciento de los 16 mil empleados del instituto. Son alrededor de 2 mil 200 funcionarios de élite, pero está claro que hay áreas operativas donde introducir un esquema del SPE no es la solución para hacer más eficiente al IFE, pues funcionan mejor en la lógica de las áreas administrativas, advierte el consejero Benito Nacif, pues las reglas de incorporación no son tan estrictas como para incorporarse al SPE.

Como parte de los numerosos cuestionamientos que ha realizado el IFE a la reforma constitucional destaca sus críticas a la pretensión de crecer exponencialmente lo que ahora sería el nuevo servicio nacional electoral (SNE)y mezclarlo con los que actualmente operan en los institutos locales.

El ingreso, capacitación profesionalización, evaluación, rotación y permanencia de los miembros del servicio profesional bajo una administración única vulnera el ejercicio de las funciones de los órganos locales, al desaparecer de la línea de mando entre el servidor y la autoridad electoral. Es decir, aunque tengan funciones que las ejecuten dependerán del órgano central del instituto nacional electoral (INE) lo cual puede derivar en un problema de operación cotidiana, señalan las observaciones técnicas del IFE sobre el tema.

Esta modificación no sólo complicaría operativamente el funcionamiento del INE, sino que podría incrementar de una manera exorbitante el costo de este sector del nuevo organismo, pues implicaría la creación de un tabulador único a escala nacional, lo que supondría la homologación de todo el personal incorporado al servicio nacional electoral.

Para el consejero Nacif será necesario replantear los alcances de esta medida en la legislación secundaria para evitar el riesgo de incurrir en distorsiones del actual SPE en su conversión al SNE, que de entrada parece un diseño institucional demasiado extraño. Sería un crecimiento del personal muy difícil de administrar porque parte de la dualidad de qué autoridad debería presupuestar el financiamiento del SNE.