ntegrado de facto desde 2002 al perímetro de seguridad de Es­tados Unidos, el territorio de Mé­xico quedó incluido en la zona bajo control del Comando Norte del Pentágono. A su vez, en el marco de la ASPAN (el TLCAN militarizado, 2005), la Iniciativa Mérida (2007) llevaría a una desnacionalización acelerada del sistema de seguridad interna. Desde entonces, Estados Unidos sería codiseñador de la estrategia de seguridad nacional mexicana, lo que, más allá de juegos semánticos, significó una cesión de soberanía.

Definida por el entonces embajador de EU en México, Antonio Garza, como el proyecto más agresivo jamás impulsado por la Casa Blanca en el hemisferio occidental, la Iniciativa Mérida fue diseñada en función de la agenda de seguridad de Washington. Las prioridades de la administración Bush fueron: guerra a las drogas (en el territorio mexicano); guerra al terrorismo (ídem); seguridad fronteriza (en los confines norte y sur de México); control sobre la seguridad pública y las distintas policías de México; penetración de las fuerzas armadas locales (Ejército y Marina de Guerra); construcción de instituciones y reglas de ley similares a las de Estados Unidos (homologación de leyes como parte de la integración silenciosa y subordinada de México).

En ese sentido, las contrarreformas calderonistas fueron parte de la agenda policial-militar-judicial-penal de EU, ya que se encaminaron no sólo a la adopción de facto de medidas similares a las del Estado de excepción de la era Bush (Ley Patriota, Comisiones Militares, Ley Marcial), sino que también, vía la pretendida modificación o derogación de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, buscaba permitir la proyección del poder militar del Pentágono (aéreo, naval y terrestre, incluyendo las fuerzas especiales), en el territorio nacional y los espacios marítimo y aéreo (lo que luego ocurrió de manera no tan encubierta, drones incluidos), y la creación de bases militares, a la postre denominadas Oficinas Bilaterales de Inteligencia o centros de fusión.

2008. La energía y la política irían de la mano desde comienzos de ese año. En los círculos financieros se afirmó entonces que la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) estaba próxima. Pero para ello se requerían reformas constitucionales y el presidente Felipe Calderón necesitaba conseguir los votos en el Congreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En ese contexto se reveló que Pemex, la mayor empresa paraestatal y principal contribuyente fiscal de México, había establecido convenios de cooperación con cinco multinacionales: la angloholandesa Royal Dutch Shell; Petrobras, de Brasil; Statoil de Holanda; la canadiense Nexen y el gigante petrolero estadunidense Chevron-Texaco. Según autoridades de Pemex, se trataban de convenios sin carácter comercial en materia de investigación científica y tecnológica, apegados a los ordenamientos constitucionales y legales vigentes entonces en el país.

Sin embargo, en diciembre anterior La Jornada había denunciado que existía un convenio de carácter confidencial con la Shell, para realizar actividades de exploración en el campo petrolero de Chicontepec, Veracruz, lo que estaba vedado por la Constitución. Entonces se especuló que el llamado Proyecto Margarita permitiría posicionar a la empresa angloholandesa en el país, ante una eventual eliminación de las restricciones constitucionales a la inversión privada en el sector energético.

Pemex clasificó como información confidencial los resultados derivados de los acuerdos suscritos con esas cinco compañías, y asumió el compromiso de ocultar los datos al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Si Pemex rompía la reserva de los convenios debería pagar una indemnización de 500 mil dólares por evento. Y en caso de una controversia entre ambas partes, ésta se tendría que dirimir en las cortes internacionales de conformidad con el reglamento de arbitraje de la Cámara Internacional de Co­mercio, con sede en París, Francia.

Calderón dijo que Pemex no se privatizaría, lo que a todas luces fue una actitud demagógica, ya que en 2003, siendo ministro de Energía en el gabinete de Vicente Fox, había abogado por la apertura al capital privado de la Compañía Federal de Electricidad (CFE), mediante adecuaciones al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales, con el fin de otorgar certidumbre jurídica a los inversionistas extranjeros. Ahora sólo era cuestión de cambiar sector eléctrico por energético.

No era secreto que los distintos gobiernos neoliberales habían venido suscribiendo acuerdos inconfesables con empresas internacionales como el firmado con Shell. Entre los trucos semánticos que intentaban ocultar la privatización por partes de Pemex al margen de la Constitución, se había llegado a hablar de acuerdos verbales, alianzas sin documento alguno, convenios de colaboración y pactos sin carácter comercial.

El 4 de marzo, en horario estelar, el gobierno de Calderón puso en marcha una millonaria estrategia propagandística televisiva dirigida a convencer a la población sobre la necesidad de que Pemex se asociara con empresas privadas, nacionales y extranjeras, para explorar un tesoro escondido a 3 mil metros de profundidad en el golfo de México. En lo que fue descrito como un doble juego gubernamental para abrir el sector de los energéticos al capital privado, se reveló la existencia de dos versiones del espot oficial: en el portal de YouTube, el promocional, que incluía gráficas satelitales e imágenes en tercera dimensión, hablaba de alianzas estratégicas con empresas privadas para la exploración en aguas profundas; pero esa palabra fue mutilada en la televisión abierta, lo que constituyó una manipulación intencional para ocultar que la iniciativa era en pro de una alianza estratégica o de cuates, de la administración Calderón con los tiburones del sector energético trasnacional.