En la misma camioneta que Héctor utilizaba para transportar su mercancía, ahora pende una manta con su foto. El vehículo es conducido a casi todos los lugares donde su familia clama por una investigación ministerial eficiente que permita ubicar el paradero del muchacho.

La última vez que hablaron con él fue en noviembre de 2009, cuando fue a Monclova, Coahuila, a cobrar una deuda de negocios.

En la imagen, sonríe. Al lado, en la misma camioneta, hay otra manta con el rostro de Julio Alberto Josué López Alonso, desaparecido en enero de 2008, en Nuevo León.

Carmen, madre de Héctor, cuenta que al momento en que su hijo no encontró a la persona que le debía dinero entró a un hotel. Supuestamente no había disponibilidad de cuartos y le pidieron que saliera.

En ese momento llamó a su casa y le dijo a uno de sus hermanos que se le estaba acabando el crédito del celular, por lo que atravesaría la calle para entrar a un Oxxo y recargar la línea. Ahí vienen unas patrullas, fue lo último que se le escuchó decir. La llamada se cortó.

La reconstrucción de la historia lastima a la mujer, aun cuando la ha contado una y otra vez durante casi cuatro años de búsqueda. La entrevista se realiza afuera de la Secretaría de Gobernación, donde en agosto pasado familiares de Héctor y Julio Alberto reclamaron atención efectiva de las autoridades.

Los funcionarios dicen que sí han atendido a los manifestantes. Y, en efecto, así ha ocurrido, al grado de que han podido llegar con los últimos titulares de la dependencia: Blake, Poiré y ahora Osorio Chong; sin embargo, ese acercamiento no necesariamente significa que la investigación avance.

“La investigación está parada. Los agentes del Ministerio Público dicen que no hay presupuesto; la fiscal Rosario (de la PGR) dice a su gente: ‘No, chaparrito, tú no vas, no voy a dejar que te expongas’…”

Entonces, se pregunta la señora Carmen, ¿cómo habría avances, si no hay trabajo de campo? De por sí se perdió tiempo valioso porque por varios meses la desaparición sólo mereció para la autoridad de Coahuila la integración de un informe (acta circunstanciada).

Para una madre que busca a su hijo no hay descanso y, por supuesto, en su casa todos están deshechos. Empieza uno hasta a reclamarle a Dios, expresa.

La PGR atrajo el caso pero tampoco ha reportado avances.

En diciembre de 2012, un agente ministerial les informó que tenían ubicado a un sospechoso (en Coahuila). “Yo le decía ‘¿por qué no va por él?’ Me respondió: ‘Sí, estaría muy bien, pero déjeme pensarlo’”.

Sin datos de procuradurías

Héctor y Julio Alberto forman parte de la lista de más de 26 mil personas no localizadas durante el sexenio pasado que los investigadores de las procuradurías intentan depurar. Hasta ahora no se ha publicado información referente al tamaño real o actual de la citada lista.

Aunque se han creado nuevas instancias y protocolos para la localización de personas, los familiares siguen angustiados.

Lamentan que los expedientes sólo hayan servido para agrandar la pila de documentos que los peritos no han podido desahogar.

Pocos o nulos avances hay en las investigaciones que ellos mismos han alimentado con indicios que consideran contundentes: datos para ubicar a los presuntos secuestradores, rasgos de posibles cómplices, registro de las últimas llamadas de la víctima e incluso videos del momento de los hechos.

Antes de 2006, el sistema de justicia se enfocaba en buscar al victimario, es decir, no había protocolos especializados. En 2012 fue creado el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, e incluso una procuraduría de atención a víctimas, que para muchos de los entrevistados es sólo una oficina para desahogarnos.

Al inicio del actual sexenio se dio a conocer que este nuevo gobierno encontró una lista de más de 26 mil personas no localizadas; se comprometieron a depurarla y a crear protocolos de búsqueda, así como agilizar un trabajo de genética para cruzar datos de morgues con el peregrinar de los familiares.

En junio pasado, funcionarios de la PGR aseguraron que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, en coordinación con las procuradurías estatales, están a cargo de la depuración de la base de datos en cuestión, que hasta el momento no ha reportado avances o al menos no han sido públicos.

Un funcionario involucrado en este proceso reconoció que ha costado trabajo echar a andar esta restructuración de métodos y confirmó que no hay una avance decisivo en la depuración del problema de los desaparecidos. Uno de los bloqueos –afirma– se debe a que son varias las instancias que participan y aún no está el reglamento para hacer más eficiente cada paso.

En la segunda semana de diciembre familiares de los jóvenes desaparecidos en mención se reunieron con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien se comprometió a realizar gestiones para que los expedientes de los casos sean revisados directamente por los gobernadores de Nuevo León y Querétaro.

Las madres hicieron énfasis en que han entregado pruebas a los ministerios públicos, las cuales no han sido aprovechadas y tampoco se da seguimiento a indicios que podrían llevar a la reactivación de la indagatoria.