uizás en algún punto del futuro las expectativas de este tiempo mexicano se conjuguen, pero lo que priva hoy son palabras y cábalas cruzadas. El consenso que celebra el presidente Enrique Peña Nieto flaquea ante el horizonte del desacuerdo.

Según algunos, el desacato al espíritu constitucional realizado por la mayoría en el Congreso y orquestado por el gobierno del presidente Peña Nieto a todo lo largo y ancho del país, consuma la gran ruptura histórica que arrancara en los años 80 del siglo XX. Para otros, en cambio, la reforma energética es el signo inequívoco de que, ahora sí, entraremos por línea a la ansiada modernidad, con la que se cubrirá de gloria este sexenio priísta y se definirá el largo plazo del país, liberado de las jettaturas históricas que lo han tenido maniatado por más de un cuarto de siglo.

Para unos, el cambio constitucional sólo augura giros más contundentes a la derecha, que se concretarían en normalizaciones agresivas en el mundo del trabajo, la seguridad social y la educación pública. Para otros, en fin, la apertura del subsuelo y la privatización parcial de la renta petrolera es el último adiós a los esquemas heroicos del pasado y la bienvenida jubilosa a la edad de la razón, confundida casi siempre con la del mercado mundial unificado, la libertad de elegir y otras lindezas.

Que estas expectativas no recojan a cabalidad la experiencia histórica del mundo ni la nuestra con sus importantes particularidades poco importa. Tampoco parecen importar demasiado las ya robustas y duras lecciones provenientes de la crisis actual, que hizo emerger no sólo los excesos del capitalismo financiero global, sino enormes fallas geológicas en la estructura íntima del sistema en su conjunto.

La combinación virtuosa de capitalismo y democracia, que derrotó al comunismo soviético y pretendió organizar un nuevo orden mundial, vuelve a presentarse como una relación veleidosa y peligrosa, cuestionada desde la cumbre del sistema por la reaparición brutal de la desigualdad y la pobreza en sus centros. En particular, en la economía política global se sofocan las capacidades y resortes fundamentales de crecimiento sostenido y se impone la superchería como política económica. Se impone la incertidumbre y la sospecha de que se abre una fase de peligro para el mundo.

Los mexicanos nos movemos dentro de este cuadro de posibilidades, que reclama un esclarecimiento a fondo. Nuestro crecimiento económico magro no puede explicarse más por no haber hecho las reformas que tanta falta nos hacen; menos debería insistirse en que, habiéndolas al fin hecho, el país va a retomar pronto la trayectoria que perdió en las últimas dos décadas del siglo XX.

Repetir esta cantinela; proponerla como mantra para recuperar el tiempo perdido, reproduce el clima de expectativas falsas e ilusiones esquivas que nos ha llevado al enfrentamiento difuso y confuso imperante, del que no emanará síntesis alguna que reoriente nuestra evolución política y social. Lo que urge es ver más allá de la crisis y de los descalabros de las sucesivas reformas del Estado, que nos dejaron perdidos en la transición y presas de la ilusión de una súbita, milagrosa, gran transformación. Para eso, hay que pensar y construir una sociedad basada en menos desigualdad y más cooperación social y democrática. Este es el consenso indispensable.

El juego a que se han dado en estas semanas el gobierno y su coro de negociantes vociferantes es peligroso, no sólo para ellos, sino para todos. De aquí la necesidad de replantear, como tarea común, los términos del litigio a que nos ha llevado el frenesí reformista, así como de poner orden en la visión y el enfoque que hasta la fecha ha orientado a la política económica y social.

No se podrá alcanzar lo anterior por la vía del ultimátum o la declaración final y ominosa de que México no tiene más ruta que la marcada por los poderes de hecho y sus lastimosos publicistas. Pero, por otro lado, no avanzaremos una micra en este propósito si caemos en una retórica del fracaso de la democracia y de las generaciones que la hicieron posible, como lo sostienen jóvenes militantes, según relato reciente del senador Alejandro Encinas en El Universal.

Si hubiere que enfrentar estos dichos con un ejemplo personal, sería precisamente el de Encinas, convertido en estos años no sólo en voluntarioso organizador político y electoral, sino en todo un político y gobernante de la izquierda quien, con su verbo y postura, recoge y valoriza una experiencia rica y promisoria. Esta experiencia debía entenderse y cultivarse como fuente de nuevos emprendimientos de profundización democrática, que corresponde convocar a la izquierda, hoy embargada por los extravíos y desvaríos que no ha sabido encarar, como lo hizo en el pasado y muchos suponemos que lo podría hacer hoy.

Devolverle al orden constitucional el balance perdido en esta primera década del siglo es tarea que no puede acometer una fuerza única. El galimatías jurídico provocado por la guerra contra el narco, al asignarle labores de policía a las fuerzas armadas de la nación, hoy se agrava con la forma y el fondo de los cambios constitucionales dirigidos a crear un nuevo régimen para el subsuelo y la energía. Gobernar con una Constitución cuarteada, como lo advirtiera en su momento el estudioso jurista Diego Valadés y lo reiterara en estas semanas de cara a la reforma constitucional, puede ser muy costoso para el país y sus grupos gobernantes.

Remover entuertos y poner en línea con el futuro nuestra historia y tradición constitucional, reclama mucho esfuerzo y compromiso con el desarrollo nacional. Y actuar desde ya, al calor de la redacción de la legislación secundaria que es indispensable para tener reservas y recursos políticos y jurídicos que acoten la apertura planteada y eviten una crisis mayor en el sector de la energía, clave para una real transición productiva, económica y social.

Es de este desaseo constitucional, como lo describiera brillantemente Jorge Alcocer en Reforma, de lo que hay que hablar y debatir sin pausa, pero sin prisas inventadas. Lo que el mundo y sus poderes pretenden hacer son cambios fundamentales en sus fuerzas productivas, su capacidad energética y sus destrezas humanas. Todo lo que hagamos o pretendamos hacer en adelante tiene que responder explícitamente a esta cuestión: si nos fortalecemos para capear las corrientes profundas del cambio y no quedar a la deriva, o si optamos por la fácil y destructiva apariencia de la provisionalidad permanente de que ha escrito en estas páginas Adolfo Sánchez Rebolledo.

Los 20 años transcurridos desde el alzamiento zapatista en Chiapas deberían recordarnos que también hemos vivido en una suerte de irregularidad sublimada, hoy oscurecida por la violencia armada de pueblos y criminales que el Estado no puede encauzar para el restablecimiento del orden precario de antaño. La paz lograda no se fincó en un efectivo redescubrimiento de México como el reino de la desigualdad de que hablara el Barón de Humboldt al inicio del siglo XIX. Por eso no puede ser una paz que sustente un convivio productivo en lo económico y lo político.

Advertidos están los dirigentes del Estado. Lo que resta es exigir que se hagan cargo de una situación que no admite celebraciones vacuas de los políticos y bravatas humillantes de los presuntuosos oligarcas y sus lacayos. Más vale dejar para después el juego de abalorios.

Feliz despertar después del mal sueño.