El Instituto Federal Electoral (IFE) comienza 2014 con el desafío de lograr una transición ordenada hacia su desaparición, para que el nuevo organismo nacional encargado de los comicios emerja –aseguran consejeros– a partir de una institución con rumbo y una carta de navegación lo más propicia posible, en medio de la incertidumbre y poca claridad que existe respecto de la reforma constitucional en la materia y sus leyes secundarias.

Una de las principales preocupaciones que hace más complejo el desafío de la conversión del IFE en instituto nacional electoral es la incertidumbre que deja la reforma constitucional en muchos rubros, y el complicado régimen de transitorios que contiene, muchos de ellos que no confieren claridad al curso de la institución.

Aunado a ello, se estima que el plazo fijado para aprobar las leyes secundarias es corto –abril–, ya que aún falta la adecuación reglamentaria que deberá elaborar el nuevo instituto de cara a aplicar la reforma para 2015.

Se trata, sostiene el consejero Marco Antonio Baños, de dejar una plataforma adecuada para que se asiente el nuevo organismo a partir de una reforma que no está totalmente concretada en los congresos estatales. Debe ser un puente de transición adecuado para que algunos puntos de la reforma constitucional en la que hemos advertido preocupaciones de orden técnico, se esclarezcan en la legislación secundaria.

Para otro consejero, Benito Nacif, el derrotero que tomó finalmente la reforma pactada por los partidos rompió con el proceso de cambios administrativos que proyectaba el IFE para hacer eficiente su operación.

Pese a todo, advierte Nacif, de lo que se trata es que se registre un cambio de estafeta al instituto nacional electoral lo más terso posible, de manera que quienes sean responsables de echarlo a andar partan de una organización trabajando, con rumbo, plazos y mapa de navegación claramente establecidos.

Se buscará, dijo, que en esta transición no se someta a la autoridad electoral a grandes virajes en su operación, a efecto de que quienes arriben a administrarlo partan de un proceso en lo posible de continuidad, para instrumentar las nuevas atribuciones que le confiera la ley. Ese es el principal reto, más allá del límite temporal incierto de cuándo desaparecerá el IFE.

El consejero Lorenzo Córdova señaló que en enero el IFE se abocará a trazar una ruta estratégica para que la transición no implique afectar servicios a la sociedad, como la expedición de la credencial de elector, o los derechos de los trabajadores del instituto.

Tenemos una responsabilidad institucional mayúscula, que implica centralmente una intensa ruta en la que vamos a operar actos jurídicos que se van a prorrogar a futuro, cuando el IFE ya no exista y surja la nueva institución. Eso implica realizar un corte de caja para lograr un cierre del instituto absolutamente transparente, verificable y auditable, para lograr un arranque del nuevo organismo absolutamente responsable.

Los tres consejeros, coinciden en su excepticismo respecto de que se concrete toda la reforma electoral en 2014, particularmente porque son plazos muy cortos. Córdova recuerda que el Congreso se ha caracterizado por incumplir sus determinaciones, y aún hay pendientes de la reforma de 2007, como la ley del derecho de réplica, la norma que regularía el artículo 134 constitucional respecto de las restricciones a funcionarios públicos y otros.

“Espero que los negociadores de las leyes secundarias –advierte Baños– tengan la habilidad necesaria para disipar todas las dudas de la reforma constitucional”. Serán cambios centrales para definir con más claridad las facultades del nuevo instituto y de los organismos locales. De la reforma constitucional se desprende que habría una ley de procedimientos electorales a escala nacional, pero no están claros los alcances de cada autoridad; se deberán regular las candidaturas independientes.