n el contexto del 20 aniversario del alzamiento indígena chiapaneco de 1994, el comisionado gubernamental para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, reconoció, en una entrevista reproducida hoy en estas páginas, que la pobreza que aún afecta a los pueblos indígenas del país es la expresión del fracaso de una estrategia de política pública de Estado, y consideró injusto atribuir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) los niveles de marginación que prevalecen en Chiapas, como han pretendido hacerlo algunas voces oficiosas. Así, el funcionario hizo frente a una idea de moda en los foros de opinión afines al gobierno: si las comunidades zapatistas siguen siendo pobres, la culpa es de ellas. Por lo demás, Martínez Veloz dijo que es necesario abordar el conflicto en Chiapas y la problemática de los pueblos indios en general desde una óptica diferente, y confirmó que la administración de Enrique Peña Nieto prepara una iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena.

Es indudable que una de las condiciones fundamentales para empezar a corregir la relación entre el Estado mexicano y las etnias indígenas pasa por retomar en su forma original la propuesta de reformas elaborada en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Congreso de la Unión con base en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el EZLN y el gobierno de Ernesto Zedillo. Como se recordará, al año siguiente, con el telón de fondo de una política de represión y hostigamiento contra las comunidades zapatistas, el grupo gobernante, por medio del entonces secretario de Gobernación Emilio Chuayffet –hoy titular de Educación Pública–, desconoció el contenido de tales acuerdos y se negó a promover la iniciativa de reformas basada en ellos. En 2001, ya durante la presidencia de Vicente Fox, y tras una movilización de los zapatistas chiapanecos a la ciudad de México, el Congreso de la Unión aprobó un remedo del proyecto original de reformas, del que resultó excluida la reivindicación principal de los rebeldes: la autonomía.

Tal vez en el ámbito legislativo hoy sea posible superar, como plantea Martínez Veloz, los intereses contrarios a los pueblos indios del país. Cabe formular dudas al respecto, habida cuenta de que esas modificaciones legales correspondientes ni siquiera forman parte de la agenda legislativa del gobierno peñista, la cual se ha centrado en reformas orientadas a reducir los derechos laborales, a desmantelar la educación pública, a facilitar el ingreso de trasnacionales al mercado nacional de las telecomunicaciones, a recaudar más impuestos de las clases medias y los sectores populares y, en el último tramo, a hacer posible la privatización de la industria energética.

Pero incluso en un escenario legislativo óptimo, en el cual se recuperara y aprobara la iniciativa original de la Cocopa, para resolver la pobreza que afecta a las etnias indígenas sería igualmente necesario emprender un giro radical de la política económica vigente desde hace más de cinco lustros: el modelo neoliberal aún imperante es intrínsecamente generador de pobreza masiva y de riqueza selectiva, destructor de los tejidos sociales y depredador de los recursos naturales, cuyo saqueo por empresas trasnacionales, aprobado por el gobierno, es hoy una de las principales amenazas contra los pueblos originarios. Habría que abandonar el inveterado asistencialismo gubernamental –representado, en su fase más reciente, por la fracasada Cruzada contra el hambre– y dirigir la prioridad gubernamental, actualmente enfocada a promover la concentración de capitales foráneos y nacionales, hacia el bienestar de la población. Sería necesario, finalmente, empezar a desarticular la red de cacicazgos políticos que el año antepasado hizo posible el retorno del PRI a la Presidencia y que es en buena medida responsable del atraso, la marginación y la pobreza que aún padecen los grupos étnicos del país.