e acuerdo con información divulgada por Petróleos Méxicanos (Pemex) en acatamiento a una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), en la década pasada esa empresa del Estado pagó más de 12 mil 290 millones de dólares por la compra de gasolinas a la refinería Deer Park Refining Partnership –de la que posee 50 por ciento–, situada en Texas. El organismo de transparencia al rebatir los argumentos interpuestos originalmente por la directiva de Pemex para negarse a proporcionar la información referida, destacó que, de acuerdo con datos públicos, su capacidad de refinación se ha mantenido estancada a lo largo de 20 años.
La persistente e injustificada negativa del gobierno federal a invertir en México los recursos necesarios para ampliar esa capacidad (recuérdese, a guisa de ejemplo, la promesa incumplida de construir una nueva refinería en Tula, formulada por la administración federal pasada) forma parte de un patrón de comportamiento impuesto a Pemex durante el ciclo de gobiernos neoliberales, consistente en transferir al extranjero recursos, inversiones e incluso filiales enteras. Con ello el país ha perdido buena parte del potencial de la paraestatal como palanca del desarrollo, los negocios de la empresa han quedado en un ámbito de opacidad y discrecionalidad y la propia corporación ha perdido sumas astronómicas de dinero.
Es el caso de la refinería texana de Deer Park Refining Partnership, donde la mitad de las utilidades han ido a parar a los socios privados, los costos de operación han resultado necesariamente mayores de lo que habrían sido en el territorio nacional (así fuera sólo por la marcada diferencia de los niveles salariales en un país y otro), se han dejado de generar empleos en México para crearlos en el país vecino y las finanzas de la empresa subsidiaria han quedado ocultas al escrutinio de las instituciones nacionales de fiscalización y transparencia.
Otro caso es el de la armadora de barcos gallega Hijos de J. Barreras, la cual se encontraba en una situación financiera cercana a la quiebra y fue rescatada por Pemex y contratada para fabricar embarcaciones en Vigo, España.
Estas y otras prácticas depredadoras, sumadas a la corrupción estructural, han debilitado a la industria petrolera nacional hasta el punto de inducir una caída en la producción de crudo y de gas natural –hecho reseñado en la edición del pasado 30 de diciembre de este diario– y explican por qué Pemex no cuenta con los recursos requeridos para renovar su infraestructura e incursionar en la explotación de nuevos yacimientos. Resulta injustificable que esa situación haya sido usada como argumento para la reciente adulteración de los artículos 27 y 28 constitucionales –adulteración que anula, en los hechos, la expropiación petrolera de 1938–, toda vez que, para resolverla, bastaría con combatir la corrupción en Pemex y reorientarla como factor de desarrollo para México antes que para otros países.
