ensar ha sido una manera de controlar y excluir. Religiones, nacionalidades, etnias, lenguas dominantes y reyes se han servido de los padrones para descalificar y subordinar a otros. El censo de población mexicano, por ejemplo, ignorándolos contribuyó a mantener invisibles a los 60 pueblos del país, sus lenguas y culturas.

El censo de maestros, escuelas y estudiantes realizado por SEP-Inegi no desdice esa tradición y está a punto de convertirse en un ejemplo histórico de cómo una encuesta puede generar un clima represivo. El censo demanda a los maestros que informen cuántos son, dónde están, quién les paga, qué hacen, qué formación tienen y, todavía más, que proporcionen su RFC, CURP, dirección de correo electrónico, número del teléfono de casa y de celular. En un contexto idílico esta información tal vez podría pasar como perfectamente inocua, pero en medio de uno de los conflictos más importantes en la educación en las pasadas décadas puede tener usos más cuestionables. Porque es evidente que con esta información censal en una sola plataforma y base de datos, la SEP puede cruzar otras muchas variables (como resultados de evaluaciones) o saber inmediatamente quiénes son los profesores de las escuelas que están en paro en una región, cuál es su situación laboral (definitivo o interino) e incluso les puede contactar y presionar por correo electrónico o por teléfono. Como los bancos.

Si cupiera alguna duda de la carga persecutoria y punitiva que puede tener el censo, ésta la ha disipado eficazmente el propio secretario Chuayffet. Al comenzar a utilizar sus resultados como arma contra los movilizados que rechazan responder y amenazarlos con dejarlos sin salario, sólo confirma que efectivamente de la reforma hasta el censo está en el centro de las coordenadas de persecución contra los maestros. No sólo contra los que protestan, porque en esta era Snowden todos podrán ser, por lo menos, estrechamente vigilados. Yendo más allá, y como señalan los propios trabajadores de la educación, las belicosas declaraciones del secretario sólo vienen a confirmar la agresiva naturaleza de la reforma entera contra los maestros (con una evaluación orientada a despedir o remover de la docencia, siete nuevas causales de despido, sanciones discrecionales y ahora este censo).

El censo, además, muestra claramente el problema a que se enfrenta una reforma cuya legitimidad descansa en la ley y no en el consenso. En ausencia del acuerdo cualquier iniciativa de una reforma persecutoria se convierte entonces en objeto de resistencia, de evasión y, entonces, paradójicamente, los órganos del Estado (como el Ifai) y hasta la ley misma pueden ser utilizados para cuestionarla. En efecto, hasta este momento la SEP no ha señalado cuál es la norma que le permite recabar este tipo de información, qué va a hacer con los datos privados y cuál es la ley que obliga a los maestros a proporcionar hasta el número de sus teléfonos celulares. Por otra parte, el artículo 38 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado claramente establece cuáles son las causales de cancelación o reducción del salario y ahí no aparece el rehusarse a responder a un cuestionario.

El problema de fondo es que si no se tiene el consenso, a fuerza de imposiciones y de leyes y reglamentos, el gobierno no podrá generar el dinamismo transformador que requiere toda reforma. El significado de rechazo y represivo que ya rodea al censo es sólo un leve paso hacia el pantano adonde ahora se conduce a la educación mexicana.

¿Por qué se ha llegado a esta ruta de autoritarismo exacerbado? ¿Por qué la SEP, que tiene grupos de vasta experiencia político-educativa, se metió en este callejón sin salida? La respuesta es que en realidad la SEP histórica ya no está funcionando y ha tomado su lugar la agenda de transformaciones e iniciativas que le ha definido el grupo más rico y poderoso del país, el gran censor de la educación.

En 2012, este grupo establecía precisamente que debía darse la publicación auditable de un Padrón Único de Maestros, que debe contener los datos actualizados y confiables de identidad, preparación, situación laboral y desempeño de cada profesor de educación obligatoria y mandataba que eso debía ocurrir de inmediato, su publicación en el 2013 ( Ahora es cuando, Mexicanos Primero, pág.37). El censo materializa el agresivo ánimo empresarial contra los maestros mediante la creación de una infraestructura informática y una masa de datos que permitan ejercer un control laboral, educativo (el desempeño del docente, como dicen) e incluso individual y político sobre cada profesor.

La experiencia de cerca de 70 años de conducción gubernamental directa y luego corporativizada en la educación (1920-1990) creó una crisis de rígida centralización, autoritarismo y corrupción. Después de un fracasado intento por recuperar el dinamismo en la educación mediante una burocrática descentralización (1993-2012), ahora se instaura una conducción gubernamental-empresarial con diferencia en los actores, pero igualmente corporativizada, centralista y autoritaria. Cuando en una Secretaría de Educación su propia historia no sirve ya para aprender, no hay muy buenas perspectivas.

Bienvenida la irrupción de las comunidades zapatistas en la historia.

*UAM-Xochimilco