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Desplazados por embalse en Sinaloa buscan alternativas para subsistir
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Unas 600 familias desplazadas por la construcción de la presa Picachos, en Mazatlán, Sinaloa, que viven en el centro de turismo y pesca (en la imagen), resultarán beneficiadas con la asignación de un millón de pesos para terminar de construir el proyectoFoto Irene Sánchez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 27 de diciembre de 2013, p. 28

Mazatlán, Sin., 26 de diciembre.

El cabildo autorizó entregar un millón de pesos a los habitantes de seis poblados desplazados por la construcción de la presa Picachos para que concluyan el centro de turismo y pesca, que opera desde inicios de este año, con el cual se espera ampliar las expectativas de empleo para unas 600 familias, informó el representante de las personas reubicadas, Octavio Atilano Román Tirado.

Explicó que el dinero permitirá concluir 10 cabañas que comenzaron a edificarse con ladrillos elaborados por habitantes de las comunidades desplazadas de Mazatlán y Concordia, así como vigas, losetas y tejas que rescataron de las viviendas que quedaron bajo las aguas del río Presidio.

Las cabañas formarán parte de un centro turístico en el nuevo pueblo Puerta San Marcos, en Mazatlán, a un lado de la presa Picachos. Ya cuenta con algunos servicios, pero no con energía eléctrica.

Las 10 cabañas tienen recámara, sala, comedor, cocina y baño, además de alberca y un restaurante que ofrecerá servicio a partir de enero.

Román Tirado indicó que seis de siete sociedades cooperativas creadas son de fomento pesquero y emplean a unos 200 pescadores, que en su primera temporada, en 2012, capturaron 600 toneladas de tilapia, la cual se vende a un precio de entre 20 y 25 pesos el kilo.

Agregó que la cooperativa de turismo y pesca 13 de Julio de 2009, llamada así en recuerdo del día en que fueron desplazados por la presa Picachos, dará trabajo a unas 600 familias de las comunidades desplazadas: Copales, El Placer, San Marcos y Puerta de San Marcos, en Mazatlán, y Las Iguanas y Casas Viejas, en Concordia.

Sostuvo que cuatro años después de que fueron desplazados, los gobiernos federal y de Sinaloa no han terminado de pagarles sus terrenos y otras propiedades, por lo que continúan en litigio.