Policías federales, elementos del Grupo de Reacción Inmediata del municipio de Tlalnepantla, así como agentes del Ministerio Público del estado de México violaron los derechos humanos de dos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los cuales murió por disparo de arma de fuego de un elemento de la Comisión Nacional de Seguridad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigó y documentó irregularidades en el caso, como contradicciones, encubrimiento, ocultamiento de pruebas y dilación en la procuración de justicia por los servidores públicos.

El ombudsman nacional obtuvo evidencias sobre lo ocurrido en el que inicialmente fue un incidente de tránsito el 5 de abril de 2013 en el bulevar Manuel Ávila Camacho, colonia Industrial San Nicolás, Tlalnepantla, estado de México.

De acuerdo con las pruebas recabadas por la CNDH, ese día los estudiantes circulaban sobre la arteria referida, en el carril de alta velocidad entre dos vehículos con logotipos de una empresa de telecomunicaciones. El alumno que conducía el automóvil hizo un cambio de luces para solicitar a uno de los carros que le permitiera el paso. En lugar de eso, un individuo vestido de civil descendió de otra unidad, con un arma de fuego. El universitario maniobró para alejarse, pero en ese intento arrolló al sujeto que les apuntaba.

Al avanzar, el joven escuchó detonaciones y observó que varias personas le estaban disparando a su vehículo en la parte posterior. Una de las balas hirió en el abdomen a su compañero, quien posteriormente falleció en el Hospital de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia del Issste, en Tultitlán.

La CNDH identificó a 11 de los agresores como elementos de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad. Ninguno portaba uniforme ni insignia que los identificara como oficiales. En sus declaraciones los policías aseguraron que sólo uno de ellos disparó al vehículo, pero se encontraron evidencias de detonaciones efectuadas por al menos cinco de los efectivos y 10 armas propiedad de la corporación federal. En el automóvil del estudiante se identificaron alrededor de 17 impactos de bala, todos en la parte posterior.

Los policías federales también dieron versiones contradictorias acerca de la cantidad de vehículos que circulaban sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho el día de los hechos. Dijeron que eran cuatro unidades, pero la CNDH comprobó que sólo fueron tres –una del estudiante universitario y dos con logotipos de una empresa privada.

En tanto, agentes del Grupo de Reacción Inmediata adscritos a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla se encargaron de detener al joven conductor del vehículo, así como a cinco elementos de la Policía Federal, a quienes pusieron a disposición del Ministerio Público.

Sin embargo, el alumno detenido aseguró que los elementos municipales le quitaron sus pertenencias y lo lesionaron en diversas partes del cuerpo. En ningún momento el Ministerio Público inició la investigación respectiva. Además, aunque los hechos ocurrieron el 5 de abril, la primera inspección del lugar se realizó el 25 de julio. Por el tiempo transcurrido ya no se encontraron indicios relacionados con la pesquisa.

En una inspección al automóvil del estudiante de la UNAM, el perito de la CNDH observó que la unidad no tenía placas de circulación ni los dos neumáticos del lado derecho, lo que evidenció una alteración y modificación de los indicios.

En virtud de estas y otras violaciones a la ley cometidas por los policías y el Ministerio Público, la CNDH emitió la recomendación 83/2013 dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad; al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, y a las autoridades de Tlalnepantla, a fin de que se repare el daño al joven sobreviviente, a su familia y a la del estudiante que falleció, así como que se les proporcione la atención médica y sicológica que requieran.

El ombudsman nacional solicitó que los elementos de la Policía Federal rindan sus declaraciones ministeriales, así como sus informes, con apego a la verdad y se fomente en ellos la cultura de la legalidad.

Al gobernador Ávila y a las autoridades de Tlalnepantla, la CNDH les recomendó colaborar en la queja que presente en la Contraloría Interna de la fiscalía mexiquense contra los servidores públicos involucrados.