La aplicación de políticas neoliberales derivadas de programas asistencialistas para los campesinos mexicanos y la indiscriminada apertura a productos perecederos provenientes del extranjeros, han provocado que 16.7 millones de personas que habitan en las áreas rurales vivan en condición de pobreza.

De esa cifra se desprende que 11.5 millones se encuentran en estado de pobreza moderada y 5.2 millones corresponden a una situación de pobreza extrema, como lo reveló el análisis y medición de la pobreza –publicado el pasado mes de julio de 2013– por el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval). En ese documento también se confirmó que el número de pobres asciende a 53 millones 300 personas.

Así, al presentarse en la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de reforma a los artículos quinto, 34 y 38 de la Ley de Desarrollo Rural, el senador priísta Héctor Yunes expuso lo siguiente: “Desafortunadamente, la falta de oportunidades en las regiones rurales del país ha generado marginación y desigualdad, situaciones que deben ser erradicadas, orientando políticas efectivas hacia las actividades agropecuarias, con el objetivo de favorecer el bienestar económico y social para este sector de la población, que representa uno de los principales rezagos a escala nacional.

Lo anterior nos indica que las zonas rurales son el sector más vulnerable de la población, debido a su alto índice de pobreza. Ante esta problemática coincidimos en que el Poder Ejecutivo debe realizar acciones enfocadas desde diferentes ángulos, con una perspectiva agregada y no aislada, diseñando y ejecutando mejores estrategias para el medio rural.

Así, como fórmula para erradicar ese ominoso panorama, presentó una iniciativa para crear los sistemas estatales de investigación y transferencia para el desarrollo rural sustentable y para articular la coordinación, concertación y vinculación de la plataforma científica para el desarrollo rural entre las diversas instituciones de los sectores público, social y privado en cada entidad federativa, a fin de generar los vértices de una política pública que permita impulsar la investigación, la transferencia de tecnología e innovación para lograr y mantener la competitividad del sector rural a partir de proyectos y programas en materia de investigación en favor de un desarrollo tecnológico competitivo.

Con él se identificarían los problemas en las zonas rurales, de las necesidades inmediatas de los productores y demás agentes de la sociedad rural relacionados con las actividades agropecuarias.

A través del establecimiento de estos sistemas, consideramos se pueden generar y promover nuevas opciones productivas para el bienestar de las comunidades rurales con un sentido social, pensando en la gente y desde la gente, en sus necesidades y expectativas; coadyuvando a revertir la pobreza en el campo con estrategias enfocadas a la promoción humana y productiva de sus habitantes y comunidades.