En un análisis sobre la pensión universal propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto para que entre en vigor en 2014, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República destaca que su puesta en operación conlleva riesgos de generar distorsiones en los incentivos de los trabajadores para cotizar a las instituciones de seguridad social para su retiro y para laborar en el sector formal.

Los investigadores del organismo detallan que al ser financiada con recursos fiscales, dicha pensión supone mayores presiones sobre los contribuyentes, entre ellos los trabajadores formales, para otorgar una prestación de carácter asistencial a adultos mayores que no han adquirido derecho a una pensión contributiva por no haber laborado en la economía formal o no haber cotizado el tiempo suficiente a una institución de seguridad social.

Advierten que la iniciativa del Ejecutivo no plantea los mecanismos por los cuales se asegurarán los recursos necesarios para dar viabilidad financiera a este subsidio con fondos tributarios en el largo plazo, y subraya que esta prestación continuará siendo asistencialista.

Asimismo, el estudio destaca que la iniciativa va en la dirección correcta en la medida en que refuerza los sustentos legales de un esquema de pensión de tipo asistencial, para asegurar un ingreso mínimo de susbsistencia a la población mayor de edad que no tiene derecho a recibir un retiro contributivo. No obstante, no derivará en la aplicación de una verdadera pensión universal, que supondría el acceso a ésta de todos los adultos mayores, independientemente de sus ingresos y de su derecho a acceder a algún otro tipo de jubilación, sea de carácter contributivo o asistencial.

Integrantes de la Coordinación Ejecutiva de Investigación, de la Dirección General de Investigaciones Estratégicas y del Área de Desarrollo Económico y Social del organismo del Senado refieren que la iniciativa de decreto menciona que serán beneficiarias las personas que cumplen 65 años a partir de 2014.

Sin embargo, apuntan que es necesario aclarar el sentido de este requisito, a fin de determinar si quienes cumplieron 65 años antes de 2014 pueden ser beneficiarios de la pensión.

De igual forma, resaltan que sería conveniente aclarar el requerimiento de ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos, precisando si se trata de 15 diarios o mensuales, o mencionando los montos monetarios a que se refiere el ingreso mensual límite para pretender la pensión”.

Entre las interrogantes que se plantean, los investigadores del Senado apuntan la necesidad de hacer más explícitos los elementos a tomar en cuenta para el cálculo del ingreso a declarar; particularmente, parece relevante que se especifíque si se deben de tomar en cuenta los ingresos provenientes del salario o pensión del cónyugue.

Recomendación de la OIT

Destacan que la iniciativa del Ejecutivo está vinculada con la recomendación relativa a los pisos nacionales de protección social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluye la sugerencia de crear un mecanismo nacional que asegure que los adultos mayores cuenten con seguridad básica y un ingreso mínimo, como herramienta para prevenir y diminuir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

Sin embargo, advierten que esta recomendación de la OIT incluye en sus principios básicos la universalidad de la protección social y la sostenibilidad financiera, fiscal y económica del sistema, de la que carece la iniciativa del titular del Ejecutivo.

Incluso, destacan que, de hecho, las recomendaciones internacionales y las prácticas de muchos países no van en el sentido de la aplicación de una pensión universal, sino de la articulación de pisos de prestaciones para la jubilación de los adultos mayores como mecanismos para asegurar la cobertura universal de la protección social de esa población.

Indican la necesidad de que se inicie la deliberación para edificar un sistema nacional de pensiones y jubilaciones que se separe institucionalmente y con claridad del de salud para avanzar en la creación del nacional de pensiones universal y sostenible en el largo plazo. Además de consolidar el pilar asistencialista, señalan, se requiere atender los importantes retos planteados en los dos primeros pisos del esquema previsional, en términos de cobertura, rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad.