l levantamiento zapatista de 1994 dio un golpe de muerte a la política del indigenismo mexicano. La insurreción indígena mostró la persistencia de relaciones de poder que operan desde por lo menos 500 años. Ahora, estamos a unos meses de conmemorar el 20 aniversario de la aparición pública de los compas zapatistas. Y ¿qué ha pasado en las dos décadas recientes? ¿Cómo respondió el Estado? ¿Cámbio el discurso políticamente correcto hacia los indios? ¿Las condiciones de los pueblos indígenas han cambiado en algo? Las respuestas no son difíciles de encontrar. La pobreza, el desplazamiento forzado de personas, el racismo, el extractivismo de tierras, aguas y minerales, así como las distintas privatizaciones no dan margen para dudar. Las cosas están cada vez peor.

En el caso de los indígenas y la educación superior, ¿qué ha pasado? Conviene recordar que en la década de los 90 y en respuesta a la voraz crítica del movimiento indígena nacional, gran parte de las universidades y el estado echaron mano del discurso de la diverdad cultural presentado por el paradigma multicultural de corte anglasajón. Asimismo, tenemos que tener presente la implementación de la política educativa intercultural en México, misma que se institucionaliza y se pone en operación desde el claroscuro año de 2001. Si bien en esa fecha se crea la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe CGEIB de la Secretaria de Educación Pública (SEP), ese mismo año se articula lo que desde el Congreso Nacional Indígena catalogamos como la contrarreforma indígena de la clase política nacional hacia los pueblos indios.

En 2003 el Instituto Nacional Indigenista cambia de nombre y se convierte en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Al año siguiente, se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y las universidades interculturales a lo largo del país que ofrecen apoyo académico a estudiantes indígenas de nivel licenciatura, así como becas a estudiantes indígenas que desean estudiar una maestría y/o doctorado. En resumen, el Estado ha generado (como en otras épocas) un sector de profesionistas indígenas. Pero, ¿dónde están? Soy consciente que cada región del país tiene sus diferencias. Las políticas públicas y los actores que les dan vida impactan y se recrean de diferente manera.

¿Qué podemos decir para el estado de Jalisco? Para muestra negativa están algunos profesionistas indígenas que se han prestado a articular la era del indio permitido, tal como señaló Silvia Rivera Cusicanqui. Los nombres de Antonio Vázquez y Gabriel Pacheco son recurrentes al momento de hablar de esto.

Antonio Vázquez es nahua, profesor y actual director de la Comisión Estatal Indígena (CEI), desde donde ha desplegado una forma de hacer política al estilo priísta. Basta señalar el nepotismo: su sobrina es la actual administradora en la CEI.

Por su parte, Gabriel Pacheco es wixárika, poeta y actual director de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara. Desde su nombramiento dejó claro que su administración revitalizaría las lenguas originarias por lo que presentó con bombo y platillo la creación del Premio de Literaturas Indígenas de América con un premio de 25 mil dólares. Este anuncio se vio en un principio como la pista para fortalecer el trabajo que la UACI desempeña desde 1994 (año de su creación) donde la asesoría jurídica para la defensa del territorio ha sido un baluarte fundamental y motivo de amenazas y represalias durante su gestión de casi 20 años; sin embargo, Pacheco ha desdeñado en reiteradas ocasiones el trabajo de asesoría jurídica que se brinda desde la UACI para los pueblos indígenas de Jalisco.

Llama la atención que ambos personajes se han especializado en la comercialización de la cultura de sus respectivos pueblos. Los poemas, la ropa tradicional y los saludos en lengua originaria (al principio de cualquier ceremonia y oportunidad) son de todos los días. En otras palabras, se han especializado en ser los bufones étnicos de la actual clase política estatal. Ellos surgieron y fueron consolidados en este contexto institucional multi e intercultual jalisciense. No sorprende que asumieran un silencio cómplice ante la detención arbitraria del indígena nahua Gaudencio Mancilla ni las declaraciones desatinadas de Gabriel Pacheco ante la amenaza que sufre el lugar sagrado de Wirikuta y que mereció una respuesta contundente de las autoridades tradicionales del pueblo wixárika (http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?p=2021).

La política del gatopardismo se ha hecho presente. Ahora que dos indígenas están al frente de instituciones para atender a pueblos indígenas de Jalisco nos topamos con posturas que desdeñan la lucha por el territorio y la defensa de los derechos humanos. ¡Qué lástima!

Por ello, no es difícil reiterar que la política intercultural se solidifica en México en el contexto del gobierno del PAN y ahora con el regreso del PRI, éste ha encontrado un espacio fértil para la reproducción de un político indígena, con características muy propias, mismas que están basadas en la etnicidad instrumental para obtener beneficios políticos. A estas alturas, es inegable señalar que las nuevas transformaciones en las relaciones de poder hacia los pueblos indígenas en lucha también deben buscarse en la exacerbada esencialización multi e intercultural ahora en boga, así como en los personajes que se prestan para ello. Como señalé en otra ocasión: es la persistencia del leviatán étnico.

* Desplazado zoque, originario de Chapultenango, Chiapas 1981. Licenciado en historia y maestro en antropología social.