La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ingresó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, en Nayarit, el cual afectaría al río San Pedro, último cauce libre en el país, así como a la reserva de la biosfera Marismas Nacionales, de acuerdo con expertos y residentes de la zona.

Como un paso hacia la autorización del proyecto, el 15 de diciembre comuneros de San Pedro Ixcatán realizaron una asamblea para votar asuntos relacionados con el proyecto, la cual fue manipulada por personal de la CFE, que impuso el orden del día, de acuerdo con Heidy Orozco, de la organización Nayeri.

Orozco indicó que la asamblea se desarrolló en un ambiente tenso, debido a la presencia de gente armada perteneciente a los cuerpos policiacos del estado.José Antonio Dehesa, funcionario de la CFE, solicitó la anuencia de la asamblea para llevar a cabo los estudios que se requieren para tomar la decisión de construir la presa, esto a pesar de que la convocatoria especificaba los puntos a tratar: cambio de uso de suelo, estudios técnicos de medición para el inicio de trámites expropiatorios, firma de convenios para la ocupación previa y obras compensatorias relacionadas con el proyecto hidroeléctrico.

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) contrató un traductor que en vez de hacer su trabajo se encargó de dar mensajes sobre la conveniencia de votar en favor. Gran parte de la población cora de la región no sabe leer ni escribir y la mayoría ha sido presionada para votar por el sí, aprovechando su dificultad para entender conceptos en español.

Los promotores de la presa argumentaron que la convocatoria de la asamblea comunal sólo incluía los temas referentes a los estudios y nada sobre expropiación de las tierras de la comunidad, pero en el documento impreso hay tres puntos que son el inicio del procedimiento de expropiación, el convenio de obras y servicios de compensación social, y el convenio de ocupación previa.

Antes, recordó, en una asamblea ordinaria, realizada el 24 de noviembre, los comuneros manifestaron su inconformidad por la imposición de los puntos relacionados con los trámites expropiatorios para la construcción de la presa, y la respuesta de las autoridades agrarias fue que estos puntos no estaban referidos a la expropiación ni a decisiones para la construcción de la presa, que esa etapa vendría después, que sólo se trataba de estudios para saber si sería posible construirla, pero que luego regresarían para consultarlos y que ellos determinarían si querían la presa.

Estos planteamientos fueron expuestos por el secretario de Gobierno de Nayarit, José Trinidad Espinoza; el delegado de la CDI, Sergio González García; la procuradora agraria, Hilaria Domínguez Arvizu, y el delegado del Trabajo en esa entidad, Carlos López Dado, funcionarios que haciendo uso indebido de su autoridad se han integrado como equipo para viciar la voluntad de los comuneros.

El convenio de ocupación previa busca que la comunidad permita a la CFE utilizar las tierras comunales para construir la cortina y otras obras de la presa Las Cruces antes de que termine el trámite de expropiación. A los inconformes, la mesa de la asamblea los calificó de opositores a la obtención de beneficios.