La suspensión en el otorgamiento de permisos de cultivo de maíz transgénico determinada por un juzgado se mantiene, ya que el Tribunal Unitario (TU) desechó las apelaciones que interpusieron las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat) y de Agricultura (Sagarpa), así como las empresas, informó René Sánchez Galindo, abogado de las organizaciones.

El juzgado 12 de distrito en materia civil determinó el 17 de septiembre pasado que, mientras sigue el curso del juicio de acción colectiva interpuesto por 53 científicos y activistas y 22 organizaciones contra las autorizaciones de cultivo de maíz transgénico, las dependencias deben abstenerse de otorgar cualquier autorización para el cultivo de maíz transgénico.

Ante eso, empresas y dependencias presentaron cuatro apelaciones, dos amparos y siete impugnaciones contra la demanda. Hasta ahora se han resuelto tres de las cuatro apelaciones, y las siete impugnaciones contra la acción colectiva, precisó Sánchez Galindo.

En el juzgado 12, la secretaria Beatriz García, en ausencia del juez, resolvió dos de las siete apelaciones que corresponden a semillas y agroproductos de Monsanto y Monsanto comercial SA, pero en su resolución no tomó en cuenta el resto de las impugnaciones y argumentos de los demandantes; se limitó a reproducir los planteamientos de Monsanto y desechó la demanda, explicó el abogado en entrevista. Luego de esto debía levantar la medida precautoria, pero contra esta resolución los demandantes presentaron una apelación que fue admitida.

Por otro lado, en el segundo tribunal unitario en materia civil y administrativa se resolvieron las apelaciones de Monsanto, Sagarpa y Semarnat, y en la resolución se ordenó mantener la suspensión provisional que en septiembre estableció el juzgado, agregó Sánchez Galindo.

También se estipula que en el eventual caso de que el juez deseche la suspensión provisional, ésta deberá seguir vigente hasta que se resuelvan las apelaciones de las organizaciones, y también planteó que debido a que se trata de una demanda declarativa, hasta ahora los demandados no han demostrado que se cause más daño con la medida provisional que con la liberación del transgénico al ambiente.

La semana pasada la asociación civil Agro Bio, que agrupa en México a las empresas productoras de transgénicos, emitió un comunicado en el que dio a conocer la resolución del juzgado 12. Apuntó que en el documento expedido por esta instancia se señala que conforme a los mecanismos de consulta previstos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, antes de una acción colectiva, es necesario que exista un pronunciamiento de Semarnat, que determine la existencia de algún daño ambiental o a la biodiversidad.

El gobierno federal ha dado autorizaciones desde 2009 para cultivo experimental y pruebas piloto de maíz transgénico. Antes de la determinación de septiembre del juez, tenía que resolver los permisos para cultivo comercial.