Por las prisas de cerrar el periodo de sesiones y por la falta de interés de los legisladores en el tema, en el Senado se quedaron de primera lectura los dictámenes de las iniciativas que el presidente Enrique Peña Nieto les remitió, como un mensaje a la comunidad internacional y, en específico, al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de que el gobierno avanzaba en el cumplimiento de las observaciones que esa instancia le hizo. Así, esperarán hasta febrero próximo la adecuación al delito de desaparición forzada de personas a las normas internacionales, garantizar el debido proceso a los extranjeros que son deportados y reglamentar la suspensión de garantías.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, manifestó que, en efecto, estaba agendada en la última sesión del periodo ordinario de sesiones que concluyó el 12 de diciembre pasado y que sólo quedaron de primera lectura.

El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado, a escasas 48 horas de que venciera el plazo para que el gobierno mexicano fuera examinado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tres iniciativas en esa materia, en señal de que el gobierno estaba cumpliendo con las observaciones que le hizo el consejo.

En la última sesión, el jueves 12 de diciembre, se quedaron en la agenda de temas a discutir y aprobar un paquete de dictámenes de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Derechos Humanos, pero por desgracia se impuso primero la discusión sobre la ley de consulta popular, que era un dictamen procedente de la Cámara de Diputados, y que tampoco pasó por falta de quórum, lo que obligó abruptamente a concluir el periodo de sesiones, y ya no hubo tiempo para aprobar los dictámenes pendientes, sostuvo la senadora De la Peña.

En la agenda de la sesión del 12 de diciembre se quedó de primera lectura el dictamen por el que el Senado aprueba el retiro de las reservas formuladas por el gobierno mexicano al artículo noveno de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belem, Brasil, el 9 de julio de 1994.

El gobierno mexicano hizo una reserva a dicho artículo en la que precisó: formulo reserva expresa al artículo noveno, toda vez que la Constitución política reconoce el fuero de guerra cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio. El fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la Constitución Mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales plenamente establecidos.

Sin embargo, el artículo noveno de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas subraya que “los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar.

Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse cometidos en el ejercicio de las funciones militares. No se admitirán privilegios, inmunidades ni dispensas especiales en tales procesos.

De igual forma quedó pendiente el dictamen sobre la expulsión de extranjeros. El texto constitucional reformado en junio de 2011 determinó que los extranjeros gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la Constitución, y el Ejecutivo, previa audiencia, podrá expulsar del territorio a extranjeros, con fundamento en la ley.

Quedaron pendientes además la suspensión de garantías y las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 de la Constitución, y será el próximo mes de febrero cuando se resuelva sobre ellos.