n grupo de organizaciones ambientalistas veracruzanas demandó a las autoridades garantizar la seguridad de los integrantes del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, ante una nueva oleada de amenazas e intimidaciones que se ha acrecentado desde principios de agosto de 2013, cuando fue asesinado Noé Vázquez.

Ahora el acoso se extiende a los propietarios de terrenos que se niegan a venderlos a la empresa Agroetanol de Veracruz SA de CV, impulsora del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, ubicado en el municipio de Amatlán, cerca de Córdoba.

Desde esa fecha ha habido amagos contra los activistas. En días pasados, autoridades estatales dieron a conocer a la viuda de Noé Vázquez, Guadalupe Salgado, las causas de la muerte de éste y le mostraron una lista de personas que estaban en peligro de tener el mismo destino.

Entre ellos se encuentran el sacerdote Julián Verónica Fernández y Gabriela Sáinz. En un comunicado, el colectivo reveló que ésta última ha recibido advertencias de que está en peligro, al igual que Guadalupe Salgado y la abogada de ésta.

En torno al proyecto hidroeléctrico se mueven muchos intereses económicos, lo que ha dado por resultado una intensa presión sicológica y violencia contra opositores a la construcción de la central hidroeléctrica por sus adversos efectos ambientales y sociales. Por ejemplo, y a modo de ominosa advertencia, los domicilios de los activistas permanecen bajo vigilancia de desconocidos a bordo de camionetas blancas.

La tensión ha aumentado, y tanto funcionarios estatales como municipales y federales, al igual que representantes de la empresa, convocaron a los ejidatarios a una reunión el 19 de diciembre, para tratar de convencerlos de vender sus tierras o de otorgar permisos de paso.

El colectivo teme que se agudicen la violencia y la inseguridad en la zona, así como las violaciones a los derechos humanos de ambientalistas y vecinos.