Hermosillo, Son., 23 de diciembre.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por la violación de las garantías individuales de María de Jesús Llamas Coronado, quien murió el 5 de octubre en los separos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) en Guaymas, donde estaba arraigada por las autoridades estatales. Asimismo determinó que no se suicidó, como aseguraron la dependencia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La mujer era investigada por su presunta participación en el secuestro del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Guaymas, Omar Núñez Caravantes, quien el 27 de septiembre habría sido privado de la libertad por policías municipales y otras personas por órdenes del ex líder del blanquiazul en esa localidad, Francisco Javier López Lucero, y Eduardo Gaxiola Márquez, secretario particular del actual alcalde, el priísta Otto Claussen Iberry.

En la recomendación 73/2013, la CNDH destacó la negligencia con que peocedió el personal de la PGJE en la detención y arraigo de la mujer, quien fue asfixiada y su muerte se hizo pasar por suicidio.

Sostuvo que las autoridades estatales violaron los derechos de Llamas Coronado a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la debida procuración de justicia, a la verdad, el honor y la imagen, por lo cual recomendó a la PGJE reparar a los familiares de la víctima el daño ocasionado y brindarles atención médica y sicológica el tiempo que sea necesario.

En las investigaciones, expuso el organismo, se demostró la práctica de diligencias de manera negligente, así como la indebida preservación de indicios y la omisión de cuidado en las pesquisas.

Recordó que Llamas Coronado fue detenida el 28 de septiembre, acusada de estar involucrada en la extorsión y el secuestro de Núñez Caravantes, quien horas después fue dejado en libertad. El 5 de octubre agentes de la PEI la encontraron sin vida en su celda.

Agentes borraron huellas

El 5 de noviembre peritos de la CNDH inspeccionaron la base operativa de la PEI en Guaymas, y advirtieron que la autoridad ministerial y sus auxiliares omitieron resguardar el lugar donde fue hallada la víctima.

Estas irregularidades, refirió el organismo, impiden disponer de elementos técnicos y científicos que permitan determinar si se trató de un suicidio.

Los peritos de la CNDH determinaron que personal pericial de la PGJE emitió un juicio de valor que no le correspondía, al señalar que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento conclusión que únicamente podría dictaminar el médico forense.

Tras la exhumación del cadáver, el 6 de noviembre, la CNDH concluyó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por obstrucción de vías respiratorias superiores, con lesión en el cuello por traumatismo o compresión directa, y que no fue autoinfligida.

El titular de la PGJE, Carlos Navarro Sugich, dijo que analizarán a detalle la recomendación, pero no se comprometió a iniciar una nueva investigación. Señaló que primero tiene que contrastar a detalle cada uno de los puntos señalados por la CNDH con la indagatoria de sus agentes.

Por el secuestro de Núñez Caravantes están sometidos a proceso López Lucero, Sergio Francisco Milanés, Francisco Javier Oceguera, José Rafael Covarrubias y el policía Ernesto Guadalupe Trillas.