El Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), creado en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y sostenido por las administraciones de Ernesto Zedillo, así como por las dos del PAN, finalizó. La mitad de los 245 mil 522 millones de pesos asignados durante dos décadas terminaron en manos de medio millón de los agricultores más ricos, y el resto de los recursos fueron utilizados por los campesinos para alimento y vestido, principalmente, se desprende de datos gubernamentales.

Desde 1994, año en que se creó por decreto presidencial, y hasta 2013, Procampo ha representado cerca de 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) agropecuario, pero sus recursos no alentaron un incremento sostenido de la producción de granos y oleaginosas, ni mejoraron el nivel de vida de los 2.2 millones de labriegos con tierras de temporal, a quienes presuntamente estaba dirigido. Procampo productivo se convirtió en un programa de asistencia social y de alta concentración, ya que 64 por ciento de la superficie beneficiada se localiza en 10 estados del centro-norte del país.

Auxiliar contra la pobreza

Procampo, asentó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ayudó a combatir la pobreza, pero no fue el instrumento ideal ni constituyó necesariamente la base de la política agroalimentaria. Tampoco fue el mecanismo idóneo para fomentar la productividad y la competitividad, pues no impulsó la adopción de tecnologías más avanzadas. Ante ello, en 2014 se establecerá el Proagro productivo.

Nació con un padrón de 3.3 millones de productores, a los que se les transferirían recursos para compensar pérdidas por la desaparición de los precios de garantía de los granos y oleaginosas por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y darle cobertura a 13.6 millones de hectáreas. Durante su vigencia –de acuerdo con datos oficiales– tuvo altibajos en esa cobertura.

A cinco años de su aplicación, el padrón de beneficiarios –se desprende de informes gubernamentales– se había reducido a 2.9 millones, pero la superficie había aumentado a 14 millones de hectáreas; para entonces medio millón de agricultores tenían 68 por ciento de la superficie beneficiada. Paralelamente, la misma cantidad de campesinos –propietarios de predios menores a 10 hectáreas– utilizaban el apoyo para comprar alimentos, ropa y calzado. Para tratar de alentar la producción, en diciembre de 2001 se publicó la ley de capitalización del Procampo (Procampo capitaliza), con la cual se permitió el acceso a los beneficiarios al sistema de garantías y acceso anticipado a pagos futuros del Procampo.

Ocho años después, con el fin de aminorar la concentración de recursos, se establece que los predios de temporal con superficie hasta de cinco hectáreas tendrán una cuota alianza (mil 300 pesos por hectárea); los mayores a esta superficie tendrán una cuota preferente (mil 160 pesos por hectárea) y una cuota normal (963 pesos por hectárea) para el resto. También estableció un apoyo máximo de 100 mil pesos por persona física, con el objetivo de redistribuir los ingresos en beneficio de los productores de menor escala.

En el Informe de Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 del Procampo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) concluyó: debe revisarse la estrategia del programa, pues no ha mostrado resultados satisfactorios, e incluso con sus nuevas reglas de operación –las cuales fueron cambiadas en 2011– siguió beneficiando más a los productores de mayor ingreso. Recomendó repensar la estrategia de fomento productivo agropecuario, con el fin de enfatizar la promoción productiva de los pequeños productores y realizar un esfuerzo institucional para identificar cuál debe ser el objetivo del programa en el contexto actual, pues se transformó en asistencial, dado que gran parte (se estima que 80 por ciento) de los 3 millones 10 mil 333 beneficiarios, de los cuales más de la mitad se localizan en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Michoacán y estado de México, destinan los recursos a gastos personales y alimentación.

Los objetivos del programa, que cubre 40 por ciento de la fuerza de trabajo del sector agropecuario y más de 70 por ciento de la superficie sembrada con los principales cultivos, se desvirtuaron. No mejoró la competitividad de los campesinos, no incrementó sus ingresos ni ayudó a modernizar la comercialización; 42 por ciento de los 13 millones de hectáreas incluidas en el programa es rentado, asentó la Confederación Nacional Campesina.

Es necesario, expuso, crear apoyos diferenciados acordes con las necesidades de cada productor y fijar metas reales de producción, así como cruzar los padrones de beneficiarios de Procampo, así como de Oportunidades para deslindar los objetivos e impactos de ambos. El nuevo programa debe incidir en la tecnificación, infraestructura y capacitación de los productores; los recursos tienen que llegar a los beneficiarios, acotó.

Las organizaciones del Congreso Agrario Permanente aseguraron que 60 por ciento del apoyo del programa se concentra en 30 por ciento de los inscritos en el padrón, debido a que, por sus reglas de operación, beneficia a quien tiene más tierra. Agregaron que 47 por ciento de los recursos promedio se utilizan para actividades o para la adquisición de bienes relacionados con la producción y el resto para gastos familiares.

El Consejo Nacional Agropecuario expuso que Procampo ayudó a preservar los ingresos de los productores con predios menores a las 10 hectáreas; para los que rebasan dicha superficie –conocidos como productores comerciales– ha resultado un instrumento útil para aumentar la producción y el abasto agrícola. Dado que la mayoría de los beneficiarios –65 por ciento de los inscritos– tienen predios de hasta cinco hectáreas, recibir el apoyo significa la clave entre tener una rentabilidad mínima o pérdidas importantes, mientras, para los productores comerciales representa un porcentaje significativo de sus ingresos, acotó.

Ahora, el gobierno en turno pretende poner punto final a la entrega de subsidios sin rendición de cuentas y a la improductividad; terminar con la visión asistencialista y aplicar los recursos considerando las diferencias entre agricultura de subsistencia y la comercial. Esa será la base del Proagro productivo, difunde Sagarpa.