De enero a diciembre de este año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones económicas por un monto total acumulado de mil 341 millones 635 mil 922 pesos a servidores públicos que incumplieron con sus obligaciones en el ejercicio de su cargo, de acuerdo con datos del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS).

Con base en un conteo elaborado por este diario, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fue la institución cuyos funcionarios recibieron la sanción monetaria más alta: 285 millones 199 mil 959 pesos. La SFP emitió 15 sanciones, principalmente de inhabilitación, suspensión y castigo económico a 11 servidores públicos del DIF.

Después de esa entidad, siguieron empleados de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, quienes fueron castigados con 242 millones 593 mil 891 pesos. En ese caso, la dependencia inhabilitó y sancionó con esa cantidad a un solo funcionario.

En ese orden y con una multa de 150 millones 124 mil 351 pesos, la SFP liberó 29 sanciones de diversa índole a 21 servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); seguido de Diconsa, entidad en la que impuso sanciones a tres de sus integrantes por 80 millones 145 mil 527 pesos, así como de PMI Comercio Internacional, en la que un funcionario fue inhabilitado y sancionado económicamente por la cantidad de 59 millones 338 mil 586 pesos.

Por mes, la sanción económica más alta fue en enero, con 303 millones 838 mil 830 pesos; seguido de marzo, 291 millones 502 mil 925 pesos; junio, 161 millones 607 mil 265 pesos, y noviembre, 156 millones 721 mil 68 pesos.

Aunque en el RSPS no se especifican las causas que motivaron las sanciones, en el primer informe de labores 2012-2013, la dependencia expresó que los principales motivos de los procedimientos disciplinarios son la negligencia administrativa, omisión en la presentación de la declaración patrimonial y violación a las leyes y normatividad presupuestaria.

Durante 2013, la dependencia impuso un total de 10 mil 562 sanciones a 8 mil 603 servidores públicos que van desde inhabilitación, suspensión, amonestaciones públicas y privadas, y destitución hasta las sanciones económicas.