espués de una década de esfuerzos y un trabajo propio de una legislatura lúcida y acertada, la ciudadanía de Nuevo León se volvió a topar –es la tercera vez– con la respuesta negativa del gobernador del estado. El Congreso, sujeto a la bancada priísta para efectos constitucionales, fue simplemente el traductor de esa decisión.
El Congreso estaba dispuesto a considerar un proyecto de Ley de Participación Ciudadana reducido a tres figuras: plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana. El proyecto propuesto por las organizaciones civiles agrupadas en el Movimiento por la Ley de Participación Ciudadana incluía siete figuras más, entre ellas, el presupuesto participativo, la contraloría ciudadana y la rendición de cuentas.
Ante la inminencia de la reforma energética, hablar de plebiscito y de referéndum habría producido un contraclima para la planeada entrega de nuestros recursos petrolíferos y de energía eléctrica, y el PRI negó toda posibilidad de estudiar y discutir el proyecto ciudadano.
El PAN promete ahora presentar un proyecto semejante pero como una ley secundaria y con menos alcances en cuanto al ejercicio de los derechos ciudadanos previstos en el del movimiento civil. Excluye como en este la figura de revocación de mandato. El poder es intocable y quienes lo detentan lo son más aún.
La sumisión del Congreso al gobernador del estado no fue sino un breve cuanto localizado preludio de lo que nos esperaba a los mexicanos y a nuestro país en manos de una camarilla encabezada por un hombre de ambiciones, cuya proporción es inversa a su capacidad política y cultural. Para refrendar su sumisión, al mismo Congreso de Nuevo León le tomó solamente tres minutos alinearse a la decisión de ese hombre.
Un ejecutivismo despótico se ha instaurado en México y a ello responden los partidos implicados en el vuelco que ha sufrido la púber democracia que empezamos a vivir en 1997 con la autonomía del Poder Legislativo, sus dirigencias parlamentarias, los sindicatos oficiales y otros, los organismos empresariales, la abrumadora mayoría de los medios de comunicación y los intelectuales aprontados a legitimar tal régimen. Un titular de Excélsior lo decía con deslumbrante claridad: Las petroleras expresan beneplácito. Abrir Pemex seduce al mundo. No sé qué podrán decir de válido los intelectuales que vivieron del nacionalismo cardenista y que ahora, salvo alguno, voltean para otro lado o callan ominosamente. La voz cantante es la del jefe de los intelectuales de derecha y de los que no querían parecerse a estos: Enrique Krauze. A la crítica del despojo la llamó, con aupada gola, teología. Su tocayo Enrique Peña Nieto, en calca parafraseada, la llama religión.
Los argumentos de quienes le han dado cobertura ideológica a ese despojo serían, si no fuera por su índole siniestra, de una simpleza gemela del candor: sólo se trata de una cuestión económica y técnica, dicen. Y quienes con este despojo nos prometen riqueza, empleo, desarrollo y otros espejitos, no hacen sino copiarse de sus correligionarios artífices de la contrarreforma agraria (artículo 27 constitucional), del TLC, de la venta de los bancos, las aseguradoras y las empresas siderúrgicas a los inversionistas nacionales –que luego revendieron a las transnacionales.
¿A estas alturas y pensar que la economía y la técnica son productos silvestres? La economía es política, estúpidos. Ya lo podremos comprobar. Si los votos se compran, también era posible comprar a los votados que contrarreformaron el futuro de México a un chasquido de dedos. Y también a los que vendrán para cuyas campañas las grandes petroleras a las que nos hemos abierto –de piernas, como lo formulaba Octavio Paz en relación con quienes nos conquistaron– ofrecerán sus generosos monederos para financiarlas.
Los déspotas que han hecho posible el vuelco del país, aquellos que mandan de arriba abajo: Presidente de la República, presidentes de partidos, gobernadores, presidentes municipales, presidentes de los clubes de futbol y aun los presidentes de las juntas de mejoras materiales, serán puestos y depuestos por las grandes compañías petroleras, de electricidad y similares. No así a los presidentes de las asambleas de accionistas de las empresas que se unirán a ellas (el modelo Femsa-Heineken) como socios minoritarios o que les venderán sus negocios para no sufrir los efectos de una competencia avasalladora.
Las petroleras vendrán armadas con sus fábricas, sus talleres, sus proveedores, sus media y sus guardias blancas. Luego se implantarán las bases militares de mar y tierra para defender sus intereses.
El control parlamentario, que nunca existió en nuestro país, nos quedará como el recuerdo de un intento socialdemócrata que abortó demasiado pronto. Y el Poder Legislativo y el Judicial, en cuya autonomía del Ejecutivo podría haber residido un principio de democracia, no serán sino apéndices, vía un mayor autoritarismo y corrupción, del Señor Presidente con quien se entenderán, como en tiempos de don Porfirio, los nuevos dueños del país.
Secreto 2013 será el complemento de la trilogía escrita por Leopoldo Mendívil López (ver Secreto 1910 y Secreto 1929) donde sus hipótesis noveladas del destino de un país manejado desde el exterior con propósitos nada ajenos a los que siempre ha perseguido el capitalismo –el lucro a toda costa y el sacrificio y control social correspondientes– podrán ser tan tangibles como el precio creciente de los combustibles de origen dinosáurico.
