Campeche, Camp., 20 de diciembre.

Representantes de comunidades de apicultores indígenas de Campeche pidieron a Mario Toraya, juez segundo de distrito, que antes de resolver los amparos por el cultivo de soya transgénica, haga efectivos los derechos a la consulta y a un ambiente sano, protegidos por la Constitución y tratados internacionales.

Agrupados en la organización no gubernamental Ma OGM (no a los organismos genéticamente modificados, en lengua maya), habitantes de 17 poblados, encabezados por Leydi Pech, María del Socorro Pech Moo y Feliciano Ucán Poot, se plantaron en las oficinas del juez federal para protestar por los permisos otorgados a la empresa agroindustrial Monsanto por la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), para la siembra de soya genéticamente modificada.

Recordaron que el 6 de junio de 2012, la Sagarpa, mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), otorgó un permiso para plantar semillas genéticamente modificadas en 253 mil 500 hectáreas en cinco polígonos ubicados en la península de Yucatán, Chiapas y la planicie Huasteca.

En el caso de Campeche, dicho permiso afecta a los municipios de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada.

Ante esta situación, cinco asociaciones de apicultores –que representan a más de 50 por ciento de los apicultores de Campeche– y las autoridades de las comunidades mayas de Pakchén y Cancabchén, presentaron amparos contra esos permisos, los cuales corresponderá resolver al juzgado segundo de distrito de Campeche.

El argumento central de sendos recursos legales es la violación al derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas, pues la siembra de soya transgénica afecta fundamentalmente el territorio maya, pero también una de las actividades fundamentales de este pueblo, que es la apicultura.

Los productores señalaron que instituciones como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Ecología (INE), así como El Colegio de la Frontera Sur, desaconsejan la siembra de soya transgénica por sus efectos contrarios a la producción de miel de abeja, el ambiente y la salud.

Acusaron complicidad del gobierno de Campeche, pues aunque se comprometió públicamente el 24 de mayo pasado a no plantar soya transgénica, durante el presente año se sembraron miles de hectáreas pese a los riesgos sociales, culturales y ambientales.

Se quejaron de que a más de año y medio de haberse presentado los juicios de amparo, hasta ahora el Poder Judicial federal no ha emitido una resolución, hecho que, aseguran, ha beneficiado a Monsanto y a quienes siembran soya transgénica.