El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, le solicitó al gobernador de Texas, Rick Perry, que suspenda la pena de muerte decretada en contra del ciudadano mexicano Édgar Tamayo Arias, programada para el próximo 22 de enero, y se la conmute por prisión.

De igual forma, el ombudsman nacional se dirigió a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de dicho estado, a cuyos integrantes les recordó que el 31 de marzo de 2004 la Corte Internacional de Justicia determinó que fue violado el derecho de Tamayo a la notificación y asistencia consular, establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares.

De llevarse a cabo la ejecución sin que el sentenciado reciba la garantía a que tiene derecho, enfatizó la CNDH, quedaría debilitada la autoridad de las instituciones que velan por el cumplimiento de la legislación internacional.

En el mismo sentido, el organismo indicó que deben ser considerados diversos artículos de instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que garantizan el derecho a la vida y a que nadie sea sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La determinación que adopten las autoridades estadunidenses en favor del sentenciado, subrayó la CNDH, será reconocida por la comunidad internacional como signo inequívoco del compromiso del gobierno del estado de Texas por el respeto a la vida y a la dignidad humana, así como del respeto a los derechos humanos.