El presidente Enrique Peña Nieto instruyó al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, a fin de que en enero esté lista una nueva estrategia para hacer frente, contener y disminuir los índices de secuestro, delito que, lamentablemente, ha tenido una tendencia al alza en los meses recientes.

Durante su intervención en la 35 reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dijo que hay avances en su estrategia de combate al crimen organizado y advirtió que en esa materia no puede ni debe haber colores partidistas. Todo lo contrario, puntualizó, el gobierno federal, junto con los gobiernos estatales y el del Distrito Federal, forman un mismo frente para lograr el México en paz que exige la sociedad.

Dio algunas cifras: de diciembre de 2012 a noviembre de 2013 se redujeron en 15 por ciento los homicidios dolosos y en 5 por ciento los robos en todas sus modalidades.

Sin embargo, aún hay temas sensibles que no podemos soslayar y menos no atender de manera inmediata y con eficacia: me refiero al secuestro, que ha tenido, lamentablemente, una tendencia contraria.

Sostuvo también que gracias a las tareas de inteligencia, de los 122 delincuentes mas peligrosos, identificados al inicio de su administración, 71 ya no serán una amenaza para la población y con ello, se ha impactado de manera relevante las estructuras de mando de las organizaciones criminales”.

Peña Nieto resaltó que “la aplicación eficaz de la ley nos está permitiendo obtener mejores resultados y las cifras así lo demuestran, sin que por ello estemos asumiendo actitudes triunfalistas y menos de bajar la guardia ante lo que, sin duda, representa un desafío y un reto prioritario para el país: lograr el México de paz y de tranquilidad anhelado.

El Ejecutivo federal fue el último orador en esa reunión y dedicó su discurso a realizar un balance de los 10 puntos de su estrategia en materia de seguridad pública. Resaltó que, tan sólo en este año, se han invertido 118 mil millones de pesos en las diversas acciones y proyectos destinados a fortalecer la cohesión social y comunitaria en las zonas con mayores índices delictivos.

Expuso que uno de los grandes retos de las instituciones de administración y procuración de justicia es transitar con éxito hacia el sistema penal acusatorio, que mandata la Constitución desde 2008, y convocó a todos los gobernadores del país, así como al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera –quién estuvo presente en esa reunión, pero no en el acto anterior, en el que el Ejecutivo promulgó la reforma energética– para que asuman un compromiso real de avanzar en ese sentido.

El nuevo sistema penal tiene un plazo fatal, dijo, que es 2016 y aunque estamos en ruta y a tiempo para cumplir con este objetivo, se requiere que cada uno de los órdenes de Gobierno asuma con corresponsabilidad en esta tarea.