Madrid, 20 de diciembre.

El gobierno del conservador Mariano Rajoy aprobó hoy una reforma a la ley del aborto que pondrá fin en España al derecho a interrumpir el embarazo libremente en las primeras 14 semanas de gestación y que además dejó fuera las malformaciones del feto como motivo para la realización de un legrado. En respuesta, cientos de personas se manifestaron en varias ciudades españolas, quienes portaron pancartas en las que se leía Madre libre o Aborto legal.

Ahora, con la nueva norma, sólo se admiten condiciones para optar por el aborto legal cuando suponga un grave peligro para la salud física o síquica de la madre, pero sólo se podrá realizar hasta la semana 22 y tendrá que estar sustentado en dos dictámenes distintos de médicos especializados y de ramas diferentes, incluido un sicólogo o siquiatra. La otra condición es la violación, pero sólo hasta la semana 12 y también se deberá presentar una denuncia policial y dos informes médicos.

En el caso de las menores de edad también cambia todo. Una joven de 17 y 16 años no necesitaba autorización de sus padres o de quienes tuvieran su tutela. Sólo estaban obligadas a cumplir con un requisito de información, es decir, tenían que hacer saber a éstos su decisión de no continuar con el embarazo. Ahora es precisa la autorización de los responsables de la patria potestad y tendrá que ser una decisión unánime de los dos padres. Si hay conflicto, entonces tendrá que intervenir un juzgado de menores y decidir.

La nueva legislación, bautizada como Ley orgánica de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, sustituirá a la de 2010 aprobada por el entonces gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El principal responsable de la elaboración de la norma es el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también ex alcalde de Madrid y uno de los miembros del gabinete más inflexible en la defensa de sus posturas. Para la elaboración de esa ley no se reunió ni debatió ni escuchó a las asociaciones de mujeres ni a los colectivos de sanidad especializados en la práctica del aborto.

Olga Sancho, vocera de la Clínica Dator, explicó en entrevista con La Jornada que estamos ante un ataque en toda regla a la lucha histórica de las mujeres por sus derechos. Es la ley más dura que hemos tenido. El retroceso es bestial bajo el alegato de que es una defensa del derecho del concebido no nacido, que prima por encima del derecho de las mujeres que sí somos personas jurídicas, sostuvo.

Centenares de personas se manifestaron contra la reforma. Frente al Ministerio de Justicia, en el centro de Madrid, se reunieron la noche del viernes medio millar de personas. En varias ciudades de España hubo también concentraciones contra la futura norma en plazas o junto a edificios gubernamentales.