El campo en tiempos de peña nieto

Víctor Suárez Carrera Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)  Twitter: @victor_suarez

FOTO: Marte Merlos

La reforma hacendaria aprobada en noviembre pasado fue calificada por expertos como una miscelánea fiscal. ¿Por qué darle un calificativo peyorativo a la búsqueda por mejorar la capacidad recaudatoria del Estado? La respuesta que yo encuentro es: porque una reforma hacendaria debe involucrar mecanismos eficaces, tanto del lado del ingreso como del gasto público y garantizar que el destino del mismo se dé en los proyectos con la mayor rentabilidad social.

Desafortunadamente, sólo se dio incremento de impuestos sin imbricar elementos obligatorios de transparencia, contabilidad gubernamental, evaluación de desempeño y rendición de cuentas a las decisiones de gasto, para cualquier nivel de gobierno. En otras palabras: es una miscelánea fiscal porque no hay nada que premie o castigue las buenas y malas prácticas en el ejercicio del gasto público.El retorno del PRI a la Presidencia de la República no ha representado cambio alguno respecto de las políticas agrarias y agroalimentarias llevadas a cabo por el PAN en los sexenios de la alternancia (2000-2012).

En este sentido, el gobierno de EPN se ha caracterizado por ser el gobierno de la continuidad panista, de la continuidad neoliberal. Es el gobierno del “cambio” para que nada cambie. El retorno del PRI a la Presidencia, como estaba previsto, augura otro sexenio perdido para el campo mexicano.

A continuación se presentan algunos de los indicadores y resultados más sobresalientes de la gestión de Enrique Peña Nieto en el sector agrario y agroalimentario en su primer año de gobierno.

1. El campo carece de rumbo y no es prioritario para el gobierno.- La continuidad neoliberal, la administración sectorial inercial y la inacción pública han caracterizado el primer año del gobierno de Peña Nieto en sus políticas hacia el campo. No existe el tan anunciado “nuevo rumbo” para el campo, ni siquiera retóricamente. Por el contrario, se mantiene el mismo rumbo de los sexenios anteriores; es decir, el que determina el interés de los grandes consorcios agroalimentarios trasnacionales y el interés de Estados Unidos (EU). El rumbo es no tener rumbo. Para el gobierno federal priista como para los panistas, el campo no es prioritario. Lo que sí ha sido prioritario y urgente para el nuevo gobierno peñista han sido las llamadas “reformas estructurales” o, más bien dicho, las contra-reformas de la agenda corporativa: la reforma laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, la fiscal y la energética.

2. Desplome en la actividad económica del sector agropecuario.-En el primer semestre de 2013, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el crecimiento del PIB agropecuario fue únicamente de 0.4 por ciento, en comparación con el de por sí muy bajo crecimiento promedio de 1.8 del periodo de la alternancia panista (2001-2012). De enero a octubre del presente año, la actividad económica del sector agropecuario fue de 2.4 por ciento a tasa anual, de acuerdo con el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) del Inegi. Baste recordar que durante el periodo previo a las políticas neoliberales, el sector creció a un promedio anual de cinco por ciento (1940-1975).

El desplome del campo en el primer año de EPN es consecuencia de la nula inversión pública productiva, la falta de política de fomento productivo para la autosuficiencia alimentaria, la escasez y el encarecimiento del crédito, la continuidad de la política de dependencia alimentaria, la administración inercial y el subejercicio presupuestal en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

3. Se mantiene la misma tendencia de las importaciones agroalimentarias y forestalesrespecto de los años previos.De enero a mayo de 2013, de acuerdo con el Banco de México y el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría de Economía, las importaciones agropecuarias, agroalimentarias y forestales fueron de cuatro mil 966.2 millones de dólares, ocho mil 832.7 millones y cuatro mil 976.1 millones de dólares respectivamente, en comparación con las correspondientes al periodo homólogo del año anterior que fueron cinco mil 856.8 millones, nueve mil 708.7 y cuatro mil 611.1 millones de dólares, respectivamente. Lo anterior, no obstante la desaceleración de la economía observada en el primer año del gobierno de Peña Nieto -al pasar el pronóstico oficial de crecimiento de 3.1 a 1.2 por ciento- y la caída en 25 por ciento promedio de los precios agrícolas internacionales observada en el primer semestre del año con respecto al periodo homólogo del 2012.

4. Nula inversión pública en el campo y subejercicio presupuestal en la Sagarpa.- La inversión pública productiva en el campo ha sido prácticamente nula en el primer año del gobierno de EPN. Lo anterior, como consecuencia de una aprobación inercial del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013. Por si esto fuera poco, la Sagarpa subejerció durante el primer semestre del presente año, de conformidad con la propia Secretaría de Hacienda, poco más de tres mil millones de pesos. De acuerdo con la misma SHCP, la Sagarpa dejó de aplicar en inversión física la cantidad de cinco mil 15.1 millones entre enero y septiembre del presente año, lo que representa 40.9 por ciento menos que el monto invertido el año anterior (La Jornada; 5 de noviembre de 2013).

5. Crecimiento de la pobreza y la malnutrición en el sector rural.- Frente al crecimiento de la pobreza y malnutrición en el medio rural, el gobierno de Peña Nieto ha optado por impulsar la llamada Cruzada contra el Hambre en 400 municipios del país para atender a 7.4 millones de personas. Dicho programa reproduce las políticas fallidas de combate a la pobreza de los 20 años recientes, está restringido a únicamente una cuarta parte de la población con carencia alimentaria de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y además está impregnado de una intencionalidad político-electoral absolutamente inaceptable. Por si fuera poco, y para demostrar una vez más cómo el actual gobierno federal está capturado por los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales, se incorpora a Pepsico y a Nestlé a dicho programa insignia de la actual administración.

Lo que el país requiere para combatir la desigualdad y la pobreza y erradicar la malnutrición es otra política económica, agrícola y alimentaria con base en derechos y una política de Estado social, sustentable y nacionalista de largo plazo.

6. Continuación del despojo de los recursos territoriales de los ejidos y comunidades.-Con el retorno del PRI al poder, se han radicalizado los procesos de despojo y apropiación de recursos naturales en los territorios de los ejidos y las comunidades a lo largo y ancho del país. En este sentido, es clara la continuidad entre el actual gobierno y los gobiernos panistas en materia de megaproyectos hidráulicos, eólicos, turísticos, comerciales e inmobiliarios, en abierta violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pobladores rurales y en la lógica de continuar impulsando un modelo extractivista de nuestro recursos naturales en beneficio de un pequeño grupo de grandes corporaciones multinacionales.

Por si esto fuera poco, con la actual administración se ha profundizado la criminalización de las luchas sociales contra los megaproyectos depredatorios, permitiendo la vinculación perversa entre las empresas y el crimen organizado e incrementándose la persecución y el asesinato de dirigentes sociales.

7. En contraposición, aumentan las utilidades de las grandes corporaciones agroalimentarias en México.- A la par que se estanca la economía y crecen desigualdad, la dependencia alimentaria, la carestía de la vida, la pobreza y la malnutrición, las ganancias de las grandes corporaciones agroalimentarias se han visto incrementadas significativamente en el primer año de la administración de Peña Nieto. Así, por ejemplo y de acuerdo con los reportes enviados a la Bolsa Mexicana de Valores, la utilidad de operación del Grupo Gruma (Maseca) pasó de 702 millones de pesos en enero-junio de 2012 a mil 118 millones en el mismo lapso de 2013, esto es creció en 59.2 por ciento.

Por su parte, las utilidades de Bachoco se dispararon en 333 por ciento de enero a junio del presente año en comparación con el mismo periodo de 2012, al pasar de 316 millones a mil 371.7 millones de pesos, no obstante -o más bien gracias- al incremento de entre 50 y 66 por ciento que experimentó el precio del pollo y del huevo debido al brote de gripe aviar y a la especulación que le siguió.

Por su parte, el Grupo Bimbo vio incrementadas sus utilidades antes de otros ingresos y gastos en 41.5 por ciento en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del año previo. Asimismo, mientras el Grupo Bimbo tiene una utilidad de operación de menos 41.5 por ciento en “Iberia” (España y Portugal), en nuestro país reporta una cifra positiva de 35.5 por ciento.

A su vez, el Grupo FEMSA reportó un incremento de sus utilidades de operación del 9.1 por ciento, mientras que Coca-cola FEMSA y FEMSA Comercio experimentaron un crecimiento de 9.15 y 6.7 por ciento, respectivamente.

Si a las grandes corporaciones agroalimentarias les va muy bien aun con el estancamiento económico y el crecimiento de la desigualdad, pobreza y malnutrición en el país, ¿cuál es el incentivo para cambiar el modelo neoliberal de economía, agricultura y alimentación?

8. Resistencias campesinas en ascenso y el campesinado aún sin cabeza.- Frente a la continuidad y profundización de las políticas neoliberales hacia el campo, las resistencias campesinas y rurales se han multiplicado a lo largo del territorio nacional. Han destacado las luchas contra los megaproyectos mineros, eólicos e hidráulicos, así como las movilizaciones de los productores de café, caña de azúcar y granos básicos frente a la caída de los precios, el desorden y monopolización de los mercados y la pasividad gubernamental. Destaca también en este aspecto la iniciativa de la campaña Sin Maíz no hay País y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) para impulsar exitosamente una acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico que derivó en la resolución de medidas cautelares por un juez federal.

Por su lado, las organizaciones campesinas nacionales y sus convergencias (CONOC, FAC, Conorp y CAP) no han podido unificarse y actuar en torno a una agenda común de cambios de fondo. Después del movimiento El Campo no Aguanta Más y el Plan de Ayala Siglo XXI, desafortunadamente aún no hay suficiente claridad de la importancia de la construcción de una “cabeza” autónoma y con proyecto histórico del campesinado mexicano y, por el contrario, sigue prevaleciendo el protagonismo, el inmediatismo, el clientelismo y la subordinación a los partidos políticos (Pacto por México).

No obstante, en el México rural profundo la resistencia, la organización, la construcción de alternativas (organizativas, económicas, productivas, etcétera) y las movilizaciones contra la continuidad neoliberal y el retorno del PRI continúan en franco ascenso.

Programa Sectorial Agropecuario
2013-18: buenas intenciones, pero
sin los cómos: Víctor Suárez

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-18 presenta buenas intenciones, buenas reflexiones, pero carece de consistencia en las formas de concretar eso con instrumentos de política de Estado reales, afirma Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

Ese programa, que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo y que fue publicado el 13 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala Suárez, “hace un reconocimiento implícito del fracaso del modelo neoliberal en el campo, que da preminencia al mercado y desaparece la responsabilidad del Estado en la conducción, regulación y fomento de la actividad agroalimentaria, y se plantea la necesidad de un nuevo modelo agroalimentario”.

Ello resulta valioso pues a partir de allí el Programa establece metas sectoriales cualitativas orientadas a cumplirse en el transcurso de los próximos cinco años, y entre ellas destacan: a) un incremento de la la producción de alimentos –en particular de granos y oleaginosas- para reducir la dependencia que México tiene de las importaciones de 42 por ciento a no más de 25 por ciento en el 2018, y b) un crecimiento medio anual del PIB agropecuario de tres por ciento, en comparación con el promedio del crecimiento de los años recientes, de 1.5 por ciento, y de 1.6 en este 2013, y c) que al final del sexenio se tenga un equilibrio en la balanza comercial agroalimentaria, esto quiere decir que se disminuirán las importaciones y aumentarán las exportaciones. Hoy tenemos un déficit comercial agroalimentario de alrededor de cuatro mil 500 millones de dólares por año, señala Suárez Carrera en entrevista y destaca que es muy positivo que el Programa considere que las importaciones agroalimentarias deben ser complemento y no competencia para la producción nacional.

FOTO: Archivo

Para el directivo, resulta también destacable que el Programa Sectorial plantee el tema de la innovación tecnológica y la vinculación con la pequeña y mediana producción como motor de la productividad y del fomento productivo, y que establezca que la pequeña y mediana producción agropecuaria podrá impulsarse a condición de que se promuevan asociaciones entre los campesinos para todos los procesos que implica la actividad: compras en común de insumos; ventas en común de cosechas, y provisión en común de servicios financieros, técnicos y logísticos. Resalta además que el Programa prevé incentivos a la producción agrícola sustentable, cuidadosa del medio ambiente.

“Y en ninguna parte del Programa se habla de la desaparición del minifundio como total ni del ejido y la comunidad como tal. Pero hay que estar pendientes de que así sea”.

Respecto de esa preocupación, cabe señalar que el Programa Sectorial tiene un apartado donde habla de “el minifundio y la baja escala productiva”, donde señala que cerca del 80 por ciento de quienes producen en el campo poseen predios menores a cinco hectáreas, lo que implica que no cuentan con escala productiva y que además presenten problemas de organización que limitan en gran medida su productividad y competitividad”. Dice también que los minifundios no están destinados a producir productos de alto valor, carecen de acceso a tecnologías y procesos de producción modernos.

Sin embargo, dice Suárez, “lo que observo es como aspectos negativos e insuficientes es que no hay centralidad ni prioridad en el fomento productivo de la agricultura pequeña y mediana escala, de la agricultura familiar; no hay un programa único ni concentración de recursos hacia esta prioridad (…) El Proagro Productivo no establece ningún lineamiento particular respecto a imponer un tope hasta 20 hectáreas del apoyo por predio. Esa omisión me parece grave, pues en el diagnóstico sí se habla de la pequeña y mediana producción, pero en las estrategias no hay suficiente centralidad, ni compromiso de asignación de recursos. Y lo más sintomático es que no habla nada acerca de las nuevas orientaciones del Proagro”.

Otro aspecto que resulta “insuficiente, incoherente y grave”, según Suárez, es que el interés manifestado en el Programa de impulsar la producción y disminuir las importaciones no está acompañado de medidas efectivas de regulación de parte del Estado. “Sólo se habla de un tablero de control, que no es más que un sistema de información, pero que no tiene carácter vinculante; no se habla de recuperar el control del Estado sobre el comercio exterior agroalimentario, no se habla de una reserva pública de alimentos ni de un sistema de compras gubernamentales para garantizar en todo caso un sistema de precios y de abasto frente a la especulación y desorden de los mercados y frente a las importaciones descontroladas. En los hechos se mantiene en esencia la idea del libre mercado y el control de los monopolios sobre precios y mercados”.

Un tercer punto que a decir de Suárez resulta “peligroso y ambiguo” es el énfasis que se le da a la política de agroparques y clusters.

“Esto puede ser una reedición de la política que impulsó Carlos Salinas y que el gobierno ha estado impulsando en los 20 años recientes, de agroasociaciones, asociaciones en participación, la Ley de Fomento Agropecuario de Salinas, el proyecto de Vaquerías, todos estos esquemas que al final de cuentas buscan proveer de materias primas baratas a los monopolios agroalimentarios y que los subsidios y recursos públicos sirvan solamente para alinear a todos los demás eslabones al servicio de los monopolios para acrecentar su poder y su influencia económica y política.

Por último, dice el entrevistado, no hay una definición explícita del Programa Sectorial a favor de la protección y el cuidado de la agrodiversidad, particularmente de la diversidad de maíces nativos y por tanto no contiene un pronunciamiento en contra de la siembra de transgénico; tampoco hay un pronunciamiento a favor. “Pero esta omisión me parece grave”.

“Entonces, más allá de algunos elementos positivos, interesantes en los enunciados del programa sectorial, no hay claridad ni definición sobre los instrumentos estratégicos, sobre los cómo llevar a cabo las cosas, y sigue habiendo una gran dispersión: hay más de 50 componentes de diversos programas, y parece que el presupuesto se maneja de manera feudal por cada subsecretaría y cada dirección general, no se ve cómo van a romper con la burocracia y los intereses que existen en la Secretaría de Agricultura y en las instancias regionales y delegacionales de esta Secretaría. Además, no hay claridad respecto de cómo evitar el uso clientelar, político de los recursos públicos y no hay claridad respecto de un sistema de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del presupuesto público”. (LER)

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